La mayoría de las nominaciones para el gabinete de la próxima administración Trump han atraído fuertes críticas de los medios de comunicación y de los centros de pensamiento en Washington DC.
En general, es la falta de experiencia fusionada con una mezcla de ideología antisistema y una muy visible lealtad personal a Trump –que simula a un culto– lo que caracteriza a una proporción sustancial de los nominados y esto preocupa a los círculos de la inteligencia washingtoniana.
Un encabezado reciente publicado en el Washington Post leía: “¿A los americanos no les gustan los expertos? Envíenles bufones.” Desde luego hay excepciones, como el senador Marco Rubio, nominado a secretario de Estado, y el embajador Ron Johnson, nominado a reemplazar a Ken Salazar en México.
La esperanza es que el costo político de confirmar a algunos de estos inexpertos va a ser alto, por lo que serán minoría y los que logren confirmación se enfrentarán a la burocracia más poderosa y profesional del mundo: Por ejemplo, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos tiene cerca de 3 millones de empleados, de los que casi 900 mil son civiles que forman una gruesa y poderosa burocracia. Ante los liderazgos antisistema, muy probablemente se crearán contrapesos institucionales orgánicos que cerraran o por lo menos diluirán las acciones más radicales.
Aun así, preocupados por los efectos intencionales o accidentales que puedan causar las propuestas amenazas de la siguiente administración, los centros de análisis en Washington están muy ocupados llevando a cabo desde ejercicios académicos hasta escenarios hipotéticos, para comenzar a obtener rangos de medición.
Las deportaciones masivas de migrantes indocumentados tendrán un impacto significativo en la economía de Norteamérica, Estados Unidos caerá en un déficit económico severo tanto por la pérdida de mano de obra como de las contribuciones tributarias multimillonarias de esta población, mientras que la imposición de tarifas arancelarias llevará a topes inflacionarios imprevistos.
El gobierno de México ha respondido de forma seria a ambas amenazas, pero hay una tercera amenaza a la que no ha respondido –muy probablemente para no darle oxígeno– y es la de acciones militares unilaterales en contra de organizaciones criminales en territorio mexicano.
La semana pasada se llevó a cabo una sesión privada bajo reglas de no atribución en uno de los centros de análisis más serios de Washington, donde se abordó el escenario de que una organización criminal obtuviera un arma de destrucción masiva, es decir, un arma nuclear, química o biológica. El escenario fue minimizado como “muy poco probable” desde el punto de vista de capacidad e intención, pues la mayoría de los participantes dedujeron que en este momento no existe ni capacidad ni intención.
Definitivamente, las organizaciones criminales, específicamente las narcotraficantes, no buscan exterminar a sus clientes.
Hasta ahora, la respuesta institucional binacional en contra del narcotráfico ha ido desde prevención y tratamiento de adicciones, hasta interdicción del contrabando, afectación de la capacidad financiera, logística y operativa, y -hasta hace algunos años- operaciones de alto impacto contra sus liderazgos. Extender el abanico de acción para incluir operaciones militares unilaterales hacia México sepultaría cualquier tipo de cooperación por parte del gobierno mexicano y llevaría a un cambio sustancial en la capacidad e intención de respuesta por parte del crimen organizado, por lo que el escenario descrito como muy poco probable tomaría nuevas dimensiones. Parafraseando a uno de los asistentes, cuando declaras guerra... guerra tendrás.
POR IÑIGO GUEVARA
DIRECTOR DE LA COMPAÑÍA DE INTELIGENCIA JANES Y ACADÉMICO VISITANTE DEL ATLANTIC COUNCIL, EN WASHINGTON, D.C.
PAL
