Toda acción tiene una forma y un fondo: el cómo y el qué, la configuración y el contenido. Respecto al proceder del gobierno, es la primera -más que la segunda-, lo que amenaza la estabilidad del país.
Conocemos o creemos conocer el proyecto de nación de la 4T, eso que constituye el qué. Sabemos de qué trata porque Andrés Manuel López Obrador lo hizo público antes de ganar la Presidencia; porque se ha repetido incansablemente en las mañaneras y por el eco que se le ha hecho desde diferentes voces afines al gobierno, así como candidatas y candidatos abanderados por los partidos de la alianza oficialista.
Identificamos el contenido como esa agenda nacional que propone el combate a la corrupción; austeridad republicana; que lucha por la justicia social y la soberanía nacional. Estas propuestas justifican los cambios radicales que el oficialismo está aprobando desde el Congreso de la Unión.
Con el lema “Soberanía y Justicia Social”, los legisladores de Morena, PT y PVEM actúan ávidamente para materializar la transformación prometida. Sin embargo, el cómo lo han hecho, pone en riesgo la estabilidad del país.
Desde una perspectiva ideológica, se puede o no estar de acuerdo con el qué. Resulta evidente que el hacer borrón y cuenta nueva -eso que intenta la 4T- provoca un desequilibrio, uno que se espera que termine una vez que se consolide la estrategia nacional del régimen gobernante.
Sin embargo, además de impulsar la renovación de cómo opera el Estado mexicano, la manera en que está llevando a cabo suma volatilidad. Un ejemplo reciente es la Reforma Constitucional que elimina siete organismos autónomos.
Es de notarse el lío provocado por cómo ésta se aprobó la semana pasada en la Cámara de Diputados Federal. Resaltan dos cuestiones principales: el documento que pasó desde la Cámara baja y la reserva que presentaron los legisladores de la mayoría.
Las modificaciones respecto a los organismos autónomos se hicieron sobre un texto anacrónico de la Constitución: se tomó uno de febrero del año pasado, el cual no contiene las reformas de Supremacía Constitucional o de la Guardia Nacional. Algo que, incluso, se intentó arreglar con una fe de erratas. Adicional a ello, se presentó una reserva respecto al proyecto original para evitar la violación al T-MEC.
De último momento se decidió salvar las tareas del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Con leyes secundarias, se pretende crear un órgano que cumpla con la labor de ambos y detallar cuestiones esenciales de éste, como el nombre, su integración y la dependencia de gobierno que realizará sus funciones.
El fondo es discutible, pero lo más indispensable es que se cuide la forma. Sin atención a ella, cualquier cambio terminará desestabilizando mucho más de lo que pretende construir.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
PAL
