La elección que México tendrá del Poder Judicial es la primera en su historia y representa un hito en el sistema de justicia del país y, en general, de nuestro sistema político.
De acuerdo con lo aprobado por el Legislativo, la elección busca fortalecer la independencia del poder judicial, mejorar la calidad de la justicia, hacerla más expedita y abatir la corrupción.
De entrada, queda claro desde hace varios años la necesidad de una reforma integral al sistema de justicia en nuestro país, sin embargo, no creo que las figuras de ministros, jueces y magistraturas llevados a una boleta y sean electas como cualquier cargo de elección popular sea la solución.
En mi opinión la reforma debió centrarse, primero, en generar un diagnóstico actualizado de la situación que guarda la justicia en México de donde, estoy, seguro, ninguna podría estar encaminada a una elección popular del Poder Judicial. Lo que seguramente proyectaría sería la necesidad de reformas legales que permitieran una mejor justicia; controles para evitar en nepotismo y, de ser el caso, la corrupción en donde llegase a ser identificada; el fortalecimiento de la carrera judicial y no su desaparición; apertura y mayores medidas que permitan contar con personal eficiente y con amplios conocimientos en materia judicial, entre muchas más.
No obstante, hoy la elección judicial es una realidad constitucional y como tal, nos guste o no, debemos respetarla, aunque no estaría demás insistir en la elaboración de diversos diagnósticos que pudieran fortalecer nuestro sistema de justicia.
- Ahora bien, la elección en su conjunto representa diversos desafíos que deberán ser considerados y tomadas las medidas pertinentes para llevar a buen puerto este proceso electoral, enuncio las que considero más importantes:
- La elección deberá contar con los recursos suficientes para su realización. Al respecto muchas han sido las voces que manifiestan un posible recorte a lo solicitado por el INE lo que puede poner en riesgo alguna o algunas etapas de la elección judicial.
- El INE, con la enorme experiencia y buenos resultados que ha dado durante décadas (incluso desde que era IFE), deberá generar, en tiempos muy cortos, diversos lineamientos y criterios en virtud de las lagunas que presentan las leyes que fueron modificadas para la realización de la elección judicial.
- El INE enfrentará enormes retos relacionados con la organización electoral que están relacionadas con la logística electoral, la capacitación de las personas funcionarias de casilla, la garantía de que el proceso sea justo y transparente, entre otras.
- El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá trabajar en establecer mecanismos eficientes para la resolución de las impugnaciones y conflictos que se presenten en la elección judicial; en asegurar transparencia en las sentencias, en generar los canales de comunicación claros y efectivos para informar a la ciudadanía sobre las medidas adoptadas en sus sesiones, entre otras.
- Existen preocupaciones de diversos sectores de la población respecto a la influencia política en el proceso judicial y, en su oportunidad con las decisiones judiciales de las personas que resulten en diversos nombramientos, por lo que deberán considerarse los mecanismos que garanticen la imparcialidad y la autonomía de las personas juzgadoras en beneficio del principal ingrediente de nuestro sistema democrático: la ciudadanía.
Además, y tal vez el elemento de mayor desafío para todos los actores políticos involucrados en esta elección judicial esté relacionado con la participación ciudadana en la elección judicial.
Así, si llegase a existir una participación baja podría tener diversas lecturas, entre otras: apatía del electorado, desinterés por la elección judicial, falta de credibilidad en este tipo de mecanismo electoral, etcétera.
A nuestra nación le conviene que esta elección, pese a que varios consideramos que es una mala idea llevar a las urnas a las personas juzgadoras, debe arriban con buenas cuentas, de lo contrario será un mal comienzo para fortalecimiento e independencia del poder judicial. ¡Estaremos atentos!
POR FERNANDO DÍAZ NARANJO
COLABORADOR
PAL
