Desde hace 12 años los órganos de impartición de justicia han impulsado la adopción de políticas institucionales y actividades de sensibilización y capacitación para consolidar la perspectiva de género en el quehacer jurisdiccional y en su organización interna. Sin embargo, todo esto no ha sido suficiente para que la justicia alcance a las mujeres que día a día son víctimas de violencia y de discriminación por razón de género y esto es así, porque los tribunales conocen de violaciones a los derechos humanos que se han dado en el pasado y la prevención e investigación de estas conductas depende —en mayor medida— de las políticas públicas dictadas por el ejecutivo.
La forma en que la justicia se imparte actualmente todavía, en algunos casos, deja al azar —a la suerte— que la persona juzgadora que conozca de nuestro asunto juzgue con perspectiva de género o de derechos humanos cuando esto debiera ser garantizado por todos órganos jurisdiccionales. A pesar de los formatos de lectura fácil, de que hemos avanzado y —en ocasiones— roto la línea de la deferencia judicial, la percepción sobre la impartición de justicia en nuestro país no es buena. Amplios sectores de la población perciben a los jueces como corruptos o distantes a la justicia. Si bien, la violencia de género y otras formas de discriminación no se sancionan por deficiencias en la investigación y substanciación de los procedimientos de autoridades ajenas a los poderes judiciales, lo cierto es que para la población el resultado es el mismo: el reinado de la impunidad. Por ello, es necesario explicar a la gente lo que hacemos como personas juzgadoras e impulsar un modelo de justicia más abierto y participativo, que nos acerque al ideal de justicia que la sociedad exige, impulsando la transparencia y rendición de cuentas de los órganos impartidores de justicia y de quienes nos desempeñamos en éstos.
La justicia tiene que escuchar a las personas. Garantizar que cualquier ciudadano cuente con asesoría y defensa legal y, para ello, se requieren más defensorías públicas —en todas las materias— para que la pobreza no impida a nadie ejercer su derecho de acceso a la justicia. La justicia digital es otra herramienta para fortalecer la impartición de justicia, tanto mediante la automatización de procesos como a través del uso de la inteligencia artificial en la sistematización de bases de datos que permitan —a partir de ésta— definir acciones de prevención de los conflictos entre privados, de delitos y faltas administrativas.
Si bien, la impartición de justicia es gratuita, también existen costos asociados a la misma que para muchas personas en nuestro país, debido a la desigualdad estructural, son imposibles de sufragar, sin incluir la transportación y las ausencias a sus empleos por atender audiencias y requerimientos. Recordemos que la mayor parte de los casos emblemáticos de derechos humanos han llegado a judicializarse bajo el patrocinio de asociaciones civiles o despachos que trabajan pro bono, por lo que de no ser por estos actores, estas personas no habrían podido acceder a la justicia.
El desarrollo de mecanismos alternos para la atención de comunidades indígenas, afrodescendientes y grupos en especial vulnerabilidad y marginación debe reconocer que las mayores desventajas para estas personas se presentan cuando enfrentan a quienes no pertenecen a esas comunidades, no así entre ellos. La impartición de justicia obedece a una lógica que precisa ser replanteada a partir de la cifra negra y de las facilidades con que cuentan las personas para tocar la puerta de la justicia en nuestro país. La cercanía de las personas juzgadoras debe garantizarse a un mayor número de personas y a los modelos institucionales corresponde atender esta necesidad considerando las circunstancias materiales de la ciudadanía.
La pandemia nos enseñó que lo más importante es el bienestar de las personas. La justicia —como le corresponde— honrando a ese mandato, debe adaptarse y si las nuevas tecnologías permitirán sistematizar y optimizar los procesos, nos corresponde también pensar en que otras formas de impartir justicia son posibles.
Dra. Magda Zulema Mosri Gutiérrez
Magistrada de la Sala Superior y Presidenta de la Comisión para la
Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa
@z_mosri
