Para cualquier nación contar con finanzas sanas, les otorga a sus ciudadanos y, sobre todo, a sus autoridades, grandes beneficios, tanto en el corto plazo, como en el mediano. Las bondades son numerosas, pero, entre las más significativas, sin duda alguna, se pueden ubicar la mejora absoluta en la calidad de la gestión y la planeación de los programas de gobierno, así como, la obtención de mejores resultados en la profundización de las políticas públicas enfocadas a sectorizar los programas de gobierno de la agenda pública nacional.
De esta manera, tiene mayor impacto por ejemplo, que la construcción de carreteras o renovación asfáltica sea un programa monitoreado y gestionado de manera transversal en todos los órdenes de gobierno a nivel nacional, de manera permanente (entendido como una acción primordial para el traslado de personas y mercancías que deriva en mejor conectividad entre diferentes puntos de un estado o región); que simplemente se lleve a cabo de manera coyuntural un programa trascendental como este, cada que se aproximen procesos electorales o se gestione de manera parcializada con base en intereses partidistas y no institucionales.
En este sentido, la tarea de renovar y rediseñar los impuestos que se cobran en México cobra una especial relevancia, debido al contexto internacional y de alta competencia que demanda acelerar el paso de la economía nacional y sus mecanismos de probidad de sus beneficios hacia todos lo sectores de la población y en donde hacer de esta práctica un ejercicio de eficiencia y alta transparencia, es indispensable para conseguir que el país, llegue a consolidarse como una de las principales economías a nivel mundial hacia los siguientes años.
En este orden de ideas, los impuestos saludables, son gravámenes aplicados a productos que dañan la salud de la población y/o el medio ambiente, formando parte de un conglomerado de insumos que puede decirse, son más un lujo que un bien necesario (debido a su alto contenido carente de elementos nutricionales).
En México, por ejemplo, el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), que se enfoca en cigarrillos, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas, y energizantes o alimentos con alto contenido calórico, es una herramienta nodal en esta estrategia.
El objetivo no es simplemente incrementar la recaudación tributaria, sino crear conciencia en la población de los graves problemas que su consumo generan y, sobre todo, tener mayores mecanismos para adquirir materiales clínicos, e infraestructura en general, fundamental para atender a miles de personas que engrosan a diario las filas de enfermedades como: cáncer, afecciones cardiovasculares, diabetes y obesidad, producidas en gran medida, a consecuencia del consumo de estos productos.
Por lo que, al elevar los precios a través de los impuestos saludables se disminuye su asequibilidad, y con ello, el consumo.
En el caso de los impuestos a las bebidas con contenido alcohólico y cerveza, por ejemplo, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación 2024, el gobierno proyecta generar una recaudación cercana a los 80 mil 668.6 mdp, esto es, 11.7% del total del IEPS aprobado.
Mientras que para el IEPS al tabaco, se espera recaudar 52 mil 699.9 mdp y por el aplicado a bebidas energizantes y saborizadas, así como, a los alimentos con alta densidad calórica 77 mil 218.6 mdp (7.7% y 11.2% del total de IEPS, en cada caso). Estos recursos, que en conjunto suman 138 mil 587.1 mdp, equivalen a 1.4 veces el presupuesto del Ramo Salud aprobado para 2024 (99 mil 990.0 mdp).
Con estas cifras, no solamente podrían incrementarse de manera sustancial la plantilla de doctores y enfermeras de muchos hospitales y clínicas de todo el país, sino también, se podría fortalecer la atención del primer nivel (prevención de enfermedades), con el propósito de invertir de mejor manera, en el futuro de la nación que, son sus nuevas generaciones.
Sin embargo, actualmente, los fondos del IEPS van a una “bolsa general”, y de ahí, se distribuyen a las diferentes necesidades que tiene el gobierno federal, sin un vínculo explícito con programas de salud y/o medio ambiente. En otras palabras, se siguen distribuyendo los ingresos de manera imprecisa y bajo criterios generales, lo que debería aplicarse de manera específica, en favor de los que menos tienen y por supuesto, de los que más lo necesitan.
La salud debe ocupar el primer o segundo nivel de jerarquización en el escalafón de las prioridades de una nación en vías de desarrollo, pues mantener una población saludable garantiza su abundancia y su viabilidad en el horizonte inmediato.
Además, se trata de recursos que forman parte de la recaudación federal participable de la cual depende el dinero que se entrega a las entidades federativas o gasto federalizado. Por lo que, ¿No sería más efectivo destinar estos recursos para financiar directamente iniciativas de prevención y tratamiento que dirigirlos hacia otros programas u obras inconclusas que se llevan a cabo en otras demarcaciones? Programas estatales específicos, como la compra de medicamentos o la Pensión Mujeres Bienestar, podrían beneficiarse enormemente con esta clase de cambios en su enfoque de diseño institucional.
Por otra parte, en relación a los impuestos saludables a las bebidas alcohólicas, un cambio de un esquema ad valorem como el que existe actualmente, a uno ad quantum o de cuotas específicas por contenido de alcohol, con un incremento en el impuesto, es altamente recomendable, ya que permite un cobro progresivo hacia las sustancias más nocivas de acuerdo a sus contenidos calóricos o alcohólicos. Adicionalmente, debe considerarse la relación que tienen estos mercados con otros, como el del tabaco y de bebidas saborizadas, pues el aumento de impuestos y precios en algunos productos puede dar pie a cambios en el consumo de otros (elasticidades cruzadas), lo que ayudaría a mejorar los cuadros alimenticios en el país.
Todo lo anterior es una ruta alternativa que pudiera ayudar a ser más eficiente la distribución de los recursos obtenidos mediante el IEPS, frente a la necesidad que tiene la nueva administración federal de fortalecer sus ingresos y sostener los programas sociales.
POR LUIS MIGUEL MARTÍNEZ ANZURES
PRESIDENTE DEL INAP
@DRLMMA56
MAAZ
