Era 12 de diciembre de 2005, Toño, un joven tianguista de veintiséis años de edad, originario de Iztapalapa fue detenido intempestivamente por una patrulla de la Ciudad de México.
Acusado de homicidio, Toño fue privado de su Libertad y sentenciado por un crimen que no había cometido, lo que lo convirtió en víctima de un sistema judicial corrupto e ineficiente y de una figura que era violatoria de sus derechos, la prisión preventiva.
Un grupo de jóvenes abogados tomó el caso y tras demostrar que el abogado defensor había actuado en el juicio con una cédula falsa, el caso fue abierto y lograron refutar testigos y pruebas falsas que habían contribuido a la injusta sentencia de Toño.
Los abogados documentaron todas las deficiencias del sistema penal y produjeron el largometraje titulado “Presunto culpable” cuya distribución sería prohibida por la resolución de un juez, ante la queja de uno de los testigos que argumentaba no haber autorizado el uso público de su testimonio, sin embargo, el documental se haría viral gracias a las redes sociales.
El sistema penal en aquel entonces era inquisitivo, es decir, el juez asumía el papel de acusador y juzgador y, por tanto, carecía de independencia, poniendo a los acusados en desventaja frente a la fuerza del estado.
Ante las evidencias irrefutables de “Presunto culpable”, en 2008 se aprobó una reforma que cambiaría completamente el sistema penal, ahora de corte acusatorio, caracterizado por la igualdad entre las partes, el principio de presunción de inocencia y la máxima protección de las garantías y derechos de las personas, para evitar casos injustos como el de Toño.
Este sistema fue implementado a lo largo de ocho años. En ese proceso tuve el privilegio de conducir su implementación en el estado de Coahuila, entonces gobernado por Rubén Moreira, quien asumió el cargo durante la peor crisis de seguridad que ha vivido este país. Pronto, el estado norteño recuperó la paz gracias a la visión de su gobernador y a una estrategia integral que respetaba los Derechos Humanos, pero combatía decididamente a los verdaderos criminales.
La prisión preventiva oficiosa, figura jurídica que mantuvo preso a Toño, sería declarada ilegal por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que incluso ha mandatado a México su modificación a efecto de evitar que sea utilizada de forma desmedida y que personas inocentes sean privadas de su libertad en tanto se demuestra su inocencia.
Esta semana, Morena aprobó una reforma para ampliar el catálogo de delitos en los que procede la prisión preventiva, agregando incluso aquellos que pudieran tener una connotación política, lo que echa atrás uno de los principios totales del sistema de justicia, la presunción de inocencia.
La prisión preventiva oficiosa viola derechos humanos y es una falsa idea de justicia. Lo que el partido en el gobierno pretende es cubrir las deficiencias de su estrategia de seguridad con el encarcelamiento de personas antes de probar si cometieron o no un delito, es una justicia falsa y simulada, por tanto, no es justicia.
La prisión preventiva, no debe ser la regla simulada o la excepción, es decir, debe aplicarse de manera extraordinaria, solo en aquellos casos que verdaderamente lo ameriten.
Por: Marco Antonio Mendoza Bustamante
@MarcoMendoza_B
