La extorsión es uno de los delitos más dañinos para la cohesión social, ya que no solo afecta a las víctimas directas, sino también a comunidades enteras que viven bajo el miedo y la incertidumbre.
En México, este delito ha crecido de manera preocupante en las últimas dos décadas. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2022 se reportaron más de 5 millones de casos de extorsión, lo que representa uno de los crímenes más comunes en el país.
La extorsión tiene múltiples dimensiones. Desde un enfoque académico, se ha analizado como un fenómeno que está profundamente vinculado a la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades.
Estudios del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y del Instituto Belisario Domínguez del Senado han señalado que las regiones con mayor incidencia de extorsión suelen ser aquellas donde el Estado tiene menor presencia y las redes del crimen organizado han logrado consolidar su control.
Investigaciones criminológicas y sociológicas han evidenciado que la extorsión no solo se limita a la violencia física o la intimidación directa. Cada vez más, las formas de extorsión se diversifican, incorporando el uso de tecnologías para chantajear y manipular a las víctimas. Esto ha generado un nuevo desafío tanto para las autoridades como para las organizaciones que buscan apoyar a las víctimas.
De acuerdo con un informe del Observatorio Nacional Ciudadano, el uso de herramientas tecnológicas y la manipulación psicológica juegan un papel central en este delito, incrementando su sofisticación y dificultando su prevención y combate.
El impacto de la extorsión no se limita a los daños económicos. Este delito genera un ambiente de miedo constante que mina la confianza social y afecta la cohesión comunitaria.
Organizaciones como México Unido Contra la Delincuencia han subrayado la importancia de fortalecer las redes de apoyo comunitario y la educación ciudadana para prevenir este tipo de delitos. Asimismo, la academia ha insistido en la necesidad de políticas más integrales que combinen la vigilancia efectiva con programas sociales que aborden las causas estructurales que alimentan el crimen.
Es indispensable continuar con la investigación académica para comprender a fondo cómo las dinámicas de la extorsión afectan a distintos sectores de la población. Solo a través de un enfoque multidisciplinario y con acciones coordinadas entre sociedad civil, academia y autoridades, será posible mitigar este delito y recuperar la confianza y tranquilidad en las comunidades afectadas.
Es urgente que la sociedad civil, la academia y el gobierno trabajen juntos en un enfoque integral. Esto no solo debe centrarse en el combate directo al delito, sino también en políticas de prevención y apoyo comunitario, con el objetivo de restaurar el tejido social y devolver la tranquilidad a las zonas afectadas.
CITA: Cada vez más, las formas de extorsión se diversifican, incorporando el uso de tecnologías para chantajear y manipular a las víctimas. Esto ha generado un nuevo desafío para autoridades
POR JORGE CUÉLLAR MONTOYA
TITULAR DE LA VOCERÍA DE SEGURIDAD DE TAMAULIPAS
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