LA REFORMA JUDICIAL entró en una nueva etapa en la que se busca definir a los perfiles que participarán en la elección del domingo 1 de junio de 2025 para cubrir los 881 puestos de jueces, magistrados y ministros.
En Palacio Nacional tienen claro que hay que guardar la aplanadora de Morena y a los golpeadores, tipo Ricardo Monreal, Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña, para poner a trabajar a los técnicos.
En ese escenario, la propia Presidenta se involucró directamente en la definición de los nombres que integran al Comité Técnico de Evaluación que habrá de calificar a los candidatos de la primera elección judicial.
Vaya que hubo un jaloneo con las diferentes corrientes del movimiento obradorista que intentaron colar a sus propios perfiles, pero esta vez la doctora Claudia Sheinbaum se impuso.
A pesar de la toxicidad de Arturo Zaldívar, la mandataria decidió ponerlo por delante en su lista de expertos, ante la amenaza de que se infiltraran al citado Comité representantes del ala dura de Morena.
Al parecer, la Presidenta decidió finalmente mandar mensajes de certeza a la comunidad internacional, a diferencia de los que estuvieron dando López Hernández, Monreal Ávila y Fernández Noroña.
De ahí que, en caso de que la iniciativa del ministro Juan Luis González Alcántara hubiera revertido la Reforma Judicial, habría decidido esperar para empujarla hasta el relevo del ministro Luis María Aguilar.
Acompañan a Zaldívar, Mary Cruz Cortés, Vanessa Romero, Isabel Inés Romero y Javier Quijano Baz, este último muy cercano a Andrés Manuel López Obrador y a Sheinbaum misma.
Al igual que el ministro en retiro Zaldívar, Quijano enfrenta el rechazo de grupos de oposición por haber sido el defensor de AMLO en el proceso de desafuero que enfrentó en 2005, en el sexenio de Vicente Fox.
Pero la trayectoria profesional de ambos abogados litigantes es bien vista por el gremio de los licenciados y doctores en Derecho Penal, por su experiencia y conocimiento del marco jurídico mexicano.
El verdadero reto para Claudia Sheinbaum fue convencer a sus asesores jurídicos de tomar finalmente las riendas del proceso para reformar su campo de trabajo.
Lo anterior, ante una peligrosa posibilidad de que la Corte, los Tribunales y los Juzgados se pueblen de abogados con escasa experiencia y marcada ideología política.
LA DEUDA DE más de 20 mil millones de dólares que Pemex mantiene con proveedores locales e internacionales, está causando estragos en ciudades clave de la industria petrolera como Villahermosa, Ciudad del Carmen y Poza Rica. Aunque el equipo de Víctor Rodríguez inició hace dos semanas negociaciones para evitar una suspensión masiva de servicios, muchas empresas ya se han visto forzadas a reducir su fuerza laboral y hasta a recortar sus líneas de producción. El caso de Tenaris Tamsa es particularmente alarmante. La compañía enfrenta deudas directas con Pemex por más de 200 millones de dólares. Esta carga financiera llevó a la reciente decisión de cerrar temporalmente una de sus plantas en Poza Rica, Veracruz, pues la operación ya es insostenible, lo que debe preocupar seriamente a la gobernadora electa Rocío Nahle. A esta deuda se suman los pasivos acumulados de Tenaris a través de otros proveedores de Pemex, quienes tampoco han recibido un solo pago, lo que ha contribuido a agravar la situación. A pesar de la cercanía de su dueño, el empresario acerero italo-argentino, Paolo Rocca, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, no ha logrado destrabar las facturas pendientes. Esta situación está comenzando a afectar a otras compañías de su grupo, como Ternium y Tecpetrol, lo que siembra serias dudas sobre las futuras inversiones del conglomerado en el sector energético durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.
RECIÉN LE REFERÍ las demandas que la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que preside Andrea Marván, enderezó contra Fármacos Nacionales, Casa Saba y Casa Marzam. Los juicios cayeron en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la CDMX, a cargo de la jueza Dinorah Hernández Jiménez. Pues la novedad es que no las admitió al considerarse incompetente y las remitió al Juzgado Tercero de la misma especialidad. Y es que ante la citada jueza hay juicios de amparo en contra de la resolución de 2 de agosto del 2021, que es precisamente la que funda las acciones colectivas intentadas por la Cofece. Es decir, la jueza no puede simultáneamente conocer las acciones colectivas y los amparos. Marzam podría resentir más este nuevo litigio, pues su presidente, Luis Doporto, continúa lidiando con el desastre que ocasionó su “estrategia” para comprarla, misma que salió a la luz a través de los famosos Panamá Papers. Doporto estaba en vías de capitalizar a Marzam a través de una nueva “estrategia” en la que participaría Genomma Lab, de Rodrigo Herrera. Pero parece que este nuevo frente legal iniciado por el organismo antimonopolios compromete seriamente a la compañía.
LA SEPARACIÓN DE Nafinsa y Bancomext, dos de los tres principales bancos del gobierno, como se llegó a considerar en algún momento, topó con el proyecto de Claudia Sheinbaum de compactar a partir de enero próximo áreas de gobierno para reducir la estructura gubernamental y ahorrar costos, encomienda que tiene la subsecretaria de Egresos, Bertha Gómez. Y es que ambas instituciones que dirige Luis Antonio Ramírez ya tienen fusionadas áreas directivas de Riesgo, Crédito, Tecnología, Promoción, Tesorería, Intermediarios Financieros, Jurídico y Órgano Interno de Control. Volver a separarlas implicaría para la Secretaría de Hacienda que encabeza Rogelio Ramírez de la O hacer un fuerte desembolso de recursos que no se ve viable en el próximo Proyecto de Presupuesto para el 2025. Sin embargo, todo puede suceder.
Y TAL CUAL le adelantamos, este lunes directivos de AHMSA encabezados por John Abbott se reunieron con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para evaluar una posible ruta de salida para la quiebra de la principal empresa de Monclova, Coahuila. Apunte al Coordinador de Asesores de Rogelio Ramírez de la O, Roberto Lazzeri, y a la Procuradora Fiscal, Grisel Galeano. También hubo un representante del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Hablamos de Arnoldo Padilla, quien participó en las negociaciones para traer Tesla a México. Por lo pronto ayer quedó nombrado por el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles, de Edgar Bonilla, el síndico de la quiebra. Se trata de Víctor Manuel Aguilera, como le informamos.
POR DARÍO CELIS ESTRADA
COLABORADOR
@DARIOCELISE
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