En el 2014, al pasar de IFAI a INAI, por las nuevas funciones y el creciente número de sujetos obligados, se dotó en la Ley de una estructura orgánico-funcional muy robusta, sobre todo en el tema de vigilancia y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de las autoridades. Dicha estructura se integra por una Secretaría de Acceso a la Información y seis Direcciones Generales.
Estas áreas tienen adscritas a un total de 102 funcionarios públicos, lo que representa el 13% del total de la plantilla de este Instituto. El costo mensual bruto de esta plantilla es de poco más de 5 millones 980 mil 122 pesos, equivalente al 10.2% del presupuesto destinado al capítulo 1000 del INAI.
Vale mencionar que hay otras dos Direcciones Generales más adscritas a la Secretaría, pero que atienden las funciones de promover políticas de acceso a la información y de Gobierno Abierto. Ya pasaron 10 años de esa reforma y no hay necesidad de los enlaces, es burocracia sin sentido pues ya cumplieron su razón de ser.
Existen indicios de que los procesos que rigen las acciones de verificación tienen importantes áreas de oportunidad. Esto, junto con las demandas sociales de hacer un uso más eficiente de los recursos públicos, obliga a considerar la implementación de una reingeniería orgánico-funcional.
Una reingeniería no puede realizarse simplemente como un proceso de recorte presupuestal y de personal, ya que esta ruta podría socavar las capacidades institucionales del INAI para cumplir con su función sustantiva de verificar el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia en sus diferentes dimensiones.
Se deben de reorganizar las capacidades institucionales teniendo como ejes dos propósitos: asegurar el logro de los objetivos del INAI para realizar las acciones de verificación en sus diferentes dimensiones; al mismo tiempo que reorganizar sus procesos internos para preservar la capacidad de verificar el cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos obligados federales utilizando la menor cantidad de recursos posibles.
Existen varias propuestas al interior del INAI. Quizá cada Comisionado tenga una —resalta una pagada por el propio Instituto encargada a la Universidad de Guadalajara hace tres años—, y mi propuesta presentada hace tres años y que se ha actualizado al paso del tiempo.
Con mi propuesta lograríamos ahorrar alrededor de 277 millones 553 mil 804 pesos; sin embargo, no solo se trata de presupuesto, sino de repensar las funciones del Instituto para servir mejor a las y los mexicanos. Aunque el INAI funciona y debe mantener su autonomía, existen caminos para eficientarlo.
Mientras tanto, estamos a la espera de una audiencia con la Presidenta de la República, o en su caso, la secretaria de Gobernación, para definir el rumbo de los dos derechos que tutelamos.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
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