Las consecuencias de la Reforma Judicial han venido a minar la certidumbre jurídica del sistema de justicia en México, lo cual es responsabilidad de los tres Poderes de la Unión.
Un quehacer legislativo que camina sin atender resoluciones judiciales combatibles en el marco de la institucionalidad, una actividad judicial semiparalizada con resoluciones debatibles y una actuación administrativa a tientas sin un marco legislativo completo, vienen a debilitar el andamiaje judicial.
Regresar a los causes de la normalidad en juzgados y tribunales es urgente, se hace necesario para todos, como siempre señalaba el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Don Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, hay que “tender puentes” y “hacer cada quien lo que nos toca” para destrabar esta parálisis.
Generar esos puentes con todos los actores, titulares, trabajadores, justiciables, etc. ya no es tarea legislativa en estos momentos, sino administrativa, la cual recae en el Ejecutivo Federal, el artículo 89, fracción XII, señala que éste debe “facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones”.
Aquí se requiere la intervención inmediata de la Secretaría de Gobernación, quien de acuerdo al artículo 27, fracción III, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, es la encargada de conducir las relaciones con los demás Poderes de la Unión, Órganos Constitucionales Autónomos y con el gobierno de las Entidades Federativas, entre otros.
La semana pasada la citada Secretaría hizo uso de esta facultad reuniéndose con el y las comisionadas del INAI, en este caso, debería entenderse que a ésta le corresponde también establecer y conducir estos puentes de comunicación que faciliten al Poder Judicial el ejercicio expedito de sus funciones.
El acercamiento institucional debe darse con todos los depositarios del Poder Judicial que en términos del artículo 94 constitucional son, no sólo las ministras y ministros, sino también las juezas y jueces de distrito, magistradas y magistrados de circuito, sumando a ello a la base trabajadora a través de todos los sindicatos que convergen y no sólo al mayoritario que no ha podido contener la situación actual.
En las leyes secundarias se pueden dar puntos de encuentro a las posiciones opuestas para lograr una luz donde hoy sólo se ve la obscuridad más allá de la fuerza por la fuerza misma.
El que se desconozcan mutuamente los actos emitidos de cada uno de los tres Poderes de la Unión no es la vía institucional para preservar la certidumbre jurídica en México, es un pésimo mensaje a la sociedad, hay que buscar los puentes de entendimiento para reestablecer a plenitud la función judicial, esa debe ser la prioridad ahora del Estado Mexicano.
POR ENRIQUE SUMUANO
CONTRALOR INTERNO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
@ENRIQUESUMUANOC
MAAZ
