Una de las asignaturas que la actual administración ha decidido continuar en materia de seguridad respecto de la anterior es seguir disminuyendo la impunidad mediante la detención de delincuentes, por lo menos así lo indica la nueva narrativa.
Sin embargo, para lograrlo primero tendría que abatir la cifra negra, que son los delitos no denunciados, la cual en la más reciente medición (Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2024 del INEGI) pasó de 92.4% en 2022 a 92.9% en 2023, es decir se incrementó en 0.5%. De hecho la cifra negra se ha mantenido en torno al 93% durante los últimos 12 años, con variaciones menores a 1%.
Para el caso de la gestión del ex presidente López Obrador, comenzó con 92.4% en 2019 y cerró con 92.9% en 2023, teniendo sus peores años en 2020 con 93.2% y 2021 con 93.2%, sin embargo en términos generales se mantuvo en el mismo rango, lo cual traducido a un lenguaje más sencillo indica que 9 de cada 10 delitos que se cometen en el país no se denuncian y mucho menos se sancionan, garantizando así un alto nivel de impunidad.
Pero si nos vamos a dos delitos de alto impacto, como son la extorsión y el secuestro, la cifra negra promedio de los primeros 5 años de la administración que acaba de cerrar fue de 99.8% para la extorsión y 98.7% para el secuestro.
Al hacer un análisis más detallado en materia de extorsión, los datos son demoledores y retratan de cuerpo entero lo que está sucediendo en amplias regiones del país, donde la extorsión telefónica va disminuyendo en la misma proporción que va creciendo la extorsión presencial, también conocida como “cobro de piso” y ahora la pagan comerciantes y productores de frutas, legumbres, semillas y ganado. Igual suerte corren diversos empresarios dedicados a la prestación de servicios, desde los más modestos hasta los medianos e incluso algunos grandes.
A esto se refieren empresarios de varias regiones del país cuando tienen contacto con empresas de seguridad privada y seguramente también con autoridades de los tres niveles de gobierno, solo que lo hacen con temor de que sean descubiertos acudiendo a denunciar porque la situación se torna más compleja.
Algunos datos que indican que la cifra negra y en consecuencia la impunidad no ha disminuido durante los últimos años, son que durante 2023 INEGI estimó que se cometieron 4.9 millones de extorsiones, de las cuales únicamente se denunciaron 10 mil 337, casi nada.
En 2023 las extorsiones telefónicas representaron el 85.6% mientras que en 2022 fueron el 90.1%, es decir disminuyeron 4.5%, pero en la misma proporción aumentaron las de tipo presencial.
Respecto de las extorsiones pagadas por la víctima, en 2023 se incrementaron 4.2% en comparación con el 2022, al pasar de 8.7% a 12.9% de los 4.9 millones, la más alta histórica desde que el INEGI lleva los registros. A esta cifra solo faltaría agregarle que los montos pagados se ubicaron entre 5 y 10 mil pesos por cada persona o negocio extorsionado.
Finalmente cabe referir que las denuncias de extorsión y secuestro registradas en el Sistema Nacional de Seguridad Pública son casi simbólicas ya que representan escasamente el 0.2% y 1.3% respectivamente, confirmando que no se denuncian, por falta de confianza en las autoridades ministeriales, pérdida de tiempo o porque su esfuerzo no traerá resultado alguno, es decir no pasará nada.
En síntesis, si la cifra negra no baja, tampoco lo hará la impunidad y por consiguiente, decir que va disminuyendo es solo alimentar la nueva narrativa, pero la terca realidad seguirá siendo la misma, a menos que ahora sí se aplique a fondo el Gabinete de seguridad.
POR FACUNDO ROSAS R.
EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL
@FACROSAS
EEZ
