Vigilan con lupa actividades de los candidatos
Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, afirma que habrá consultas a la UIF, Comisión Nacional Bancaria y el SAT, para evitar el uso de recursos ilícitos
Por Misael Zavala
Al enfatizar con detalle las acciones que pueden hacer y lo que tienen prohibido los candidatos a ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial, la presidenta consejera de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, afirmó que habrá un seguimiento puntual de las actividades que realicen hasta el 1 de junio, día de la elección.
Incluso, dijo que desde el arranque de las campañas de la elección del Poder Judicial, el INE desplegó a su personal para realizar un intenso monitoreo de los pasos que dan las personas candidatas a juzgadoras en sus campañas.
Los ojos del órgano electoral, afirmó la consejera, fiscalizan todo gasto de las personas contendientes en las calles, medios de comunicación, plazas públicas, eventos y redes sociales, para evitar recursos ilícitos y el rebase del gasto máximo que pueden realizar las candidaturas.
En entrevista con El Heraldo de México, la presidenta de la Comisión de Fiscalización del INE, Carla Humphrey Jordan explicó que el Instituto Nacional Electoral está en todos los encuentros de las candidaturas, foros informativos, foros de debate y todo evento, para garantizar que la equidad de las contiendas se mantenga, que no haya recursos ilícitos, pues indicó que alguien que se postula para un cargo en el Poder Judicial, no puede incumplir ninguno de los lineamientos en materia de fiscalización.
“Creo que es un mal mensaje que una candidatura a un cargo del Poder Judicial esté violentando los topes de gastos de campaña, no esté reportando en tiempo o no tenga la documentación adecuada”, expuso la consejera electoral.
¿Qué sí y qué no se puede hacer?
Humphrey advirtió de sanciones a candidaturas a ministros, magistrados y jueces que no reporten todos sus gastos de su día a día de campaña; incluso, atajó que las personas candidatas no deben recibir regalos, y hasta el uso de una silla se debe contabilizar como gasto ante el INE.
“Si nos dicen (las candidaturas) ‘es que me prestaron gratis el centro’ no sé cuál para hacer un evento, eso no existe, pues es una aportación en especie prohibida por la ley, y por tanto se reportará para los topes máximos de campaña, lo cual si rebasa, habrá consecuencias jurídicas. No hay préstamos porque son aportaciones en especie y el énfasis es que son gastos personales que tienen que hacer de su propio patrimonio, no hay aportaciones en especie, no hay aportaciones ni públicas, ni privadas”, enfatizó.
La consejera subrayó que el INE puede cancelar el registro de alguna candidatura por una causa grave, es decir, que el órgano electoral tiene que evaluar cada caso, y ver que la conducta realizada por algún candidato o candidata era de suficiente importancia para llegar a la cancelación del registro.
Para ello, el órgano electoral también está facultado para pedir información a las autoridades financieras, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), si hay indicios o hallazgos de discrepancias en ingresos de los contendientes, para frenar el uso de recursos ilícitos, de privados o recursos públicos.
“Si hay alguna candidatura que tiene mayor riesgo que otra, o que por la zona en que hacen su campaña puede ser más riesgosa, o que en fuentes abiertas ha tenido algún señalamientos, es algo que le tenemos que dar mayor seguimiento. Tenemos una lupa muy clara de lo que vamos a fiscalizar y cómo lo vamos a hacer”, dijo.
Aunado a ello, cualquier ciudadano puede presentar denuncias, por ejemplo, si ven propaganda en parabuses, , vallas, pendones y otras en las calles, pues está prohibido y el INE le cargará el gasto a la candidatura beneficiada.
“La comisión de fiscalización, siempre está viendo algo, monitoreando todos los inicios de campaña, la propaganda que se ha subido en redes, la impresa, estamos resolviendo consultas que nos han hecho muchas personas candidatas”, ahondó.
Para todos los candidatos, el INE da capacitaciones para que sepan qué puede y qué no hacer en campaña, cómo el INE fiscaliza recursos y la entrega del informe de gastos antes del 31 de mayo ante el órgano electoral.
Confían en un Poder Judicial sin corrupción
Encuesta de QM y de HMG revela que la gente espera que la elección del 1 de junio genere una mejor impartición de justicia en el país
El principal cambio que espera la ciudadanía de la Reforma Judicial es que no haya corrupción, de acuerdo con la encuesta de QM Estudios de Opinión, en alianza con Heraldo Media Group.
A la pregunta de: “¿Qué cambios espera de la Reforma al Poder Judicial en la impartición de justicia?”, 42% de los entrevistados respondió “que no haya corrupción”; 15% dijo que “la protección a los derechos humanos”; 12% contestó “que los juicios se resuelvan rápido”; 9%, “que se prioricen las sentencias en favor de las mujeres y los niños”; 8%, “agilización de trámites”; 4%, “que tengan sueldos más bajos” y 10%, “no sabe/no contestó”.
La siguiente pregunta fue: “¿Usted está de acuerdo con las reformas al Poder Judicial, aprobadas por el Congreso de la Unión, para que los ciudadanos elijan a los ministros, magistrados y jueces?”, 65% respondió que “de acuerdo”; 4%, “en desacuerdo”; 27%, “ni de acuerdo ni en desacuerdo”; y 4%, “no sabe/no contestó”.
La última pregunta fue: “¿Usted conoce a los actuales integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?”, 15% respondió que “sí”; 77% dijo “no”; y 8%, “no sabe/no contestó”.
Este ejercicio de medición se realizó del 18 al 21 de marzo de 2025, a través de 600 encuestas efectivas; con un nivel de confianza de 95%.
El pasado 30 de marzo iniciaron en el país las campañas de 3 mil 422 candidatos y candidatas que buscan ganar el voto ciudadano para convertirse en ministros, magistrados y jueces. Se trata de un proceso electoral que tendrá una duración de 60 días, en el que habrá 881 cargos en disputa.
"Velar por los Derechos Humanos": Sara Irene Herrerías
La doctora en Derechos Humanos apuesta por una Corte que priorice la infancia y sea más empática con víctimas
Por Donnovan Kremer
Desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede existir una visión en la que los derechos de los niños, niñas y los adolescentes sean prioritarios, considera Sara Irene Herrerías, fiscal Especializada en Materia de Derechos Humanos (FEMDH) y aspirante a ministra.
En entrevista con El Heraldo de México, la funcionaria de la Fiscalía General de la República (FGR) destaca que en el Poder Judicial de la Federación es fundamental que se permee una visión de interseccionalidad, que permite analizar los casos de manera integral, basado en diferentes principios, uno de ellos la infancia.
“En la SCJN tienes que tomar en cuenta cómo se desarrolló jurídicamente el caso y también cómo su resolución afecta a las personas involucradas y el interés social. Los ministros no sólo ven el caso individual, también protegen los derechos de todas las personas”, precisa.
Con una trayectoria de más de 30 años en el servicio público, la fiscal se ha especializado en Derecho Penal, Derechos Humanos, Prevención del delito y Atención a Víctimas. La doctora en Ciencias Penales y Política Penal ha transitado, como funcionaria, por varios sexenios, este es el cuarto, lo que le ha enseñado que su trabajo es dar una respuesta puntual, sin filias o fobias: “La justicia no tiene partido”.
Desde su experiencia como proyectista de sala, asegura que ha podido constatar cómo un juez, al momento de juzgar, pone parte de su vida, ve todo con el filtro de su pensamiento y no hace a un lado esos principios para juzgar.
“Lo que desde mi perspectiva es incorrecto, pues a la hora de impartir justicia hay criterios de argumentación jurídica donde existe una ley, y tú la aplicas de acuerdo con la argumentación (...). No podemos imponer nuestra forma de pensar a la hora de impartir justicia”, agrega.
En ese contexto, considera que se justifica la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, porque, “independientemente de la corrupción, te das cuenta que muchas veces, justo, (jueces) confundieron autonomía dictando resoluciones que no tienen nada que ver con lo que el legislador plasmó en la ley”.
Asegura que se necesita una Corte empática, pues hay casos en que “la persona llegó a la Corte y resulta que hay un amparo para efectos, donde en lugar de entrar a fondo y resolverlo, no, va de regreso”.
“La justicia está para que quien llegue a la SCJN encuentre el fondo. Una justicia de muchos años ya no es justicia”, subraya.
Mapa de Nayarit
El pasado 13 de marzo, el INE incluyó a la entidad, por instrucción del TEPJF, en la elección extraordinaria de personas juzgadoras 2025.
Los nayaritas irán a las urnas a elegir 49 cargos, entre ellas a Magistrados y Jueces, quienes asumirán su responsabilidad por un periodo de ocho años.
Los cargos a elegir son:
- 9 Magistrados del Tribunal Superior de Justicia
- 3 Tribunal de Disciplina Judicial
- 37 Jueces
Total: 49
Los evaluados
El pasado 10 de marzo, el Comité Estatal de Evaluación -integrado por los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial- envió al Congreso local la lista conjunta con las y los candidatos.
- Para Tribunal Superior de Justicia hubo 49 aspirantes.
- Para el Tribunal de Disciplina Judicial hubo 18 aspirantes.
- Para Jueces hubo 108 aspirantes
Total: 175
Fechas a seguir:
- 29 de abril Inicio de campañas.
- 28 de mayo Concluyen las campañas.
- 1 de junio Jornada electoral.
- 13 de junio Entrega de constancias de candidatos electos
- 15 de octubre Toma de protesta
Mapa de San Luis Potosí
La entidad se alista para participar, en elección extraordinaria, donde elegirán a 87 integrantes del Poder Judicial local, entre los siguientes cargos:
- 15 Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia
- 3 Magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial
- 69 Jueces
Total: 87
LAS LISTAS
Los comités de evaluación de los tres poderes enviaron al Consejo General del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) listas de aspirantes; y así quedaron integradas:
Del Poder Legislativo
- 13 Aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia
- 6 aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial
- 98 Aspirantes a jueces
Total: 117
Del Poder Ejecutivo
- 13 Aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia
- 6 Aspirantes al Tribunal de Disciplina Judicial
- 44 Aspirantes a jueces
Total: 63
Del Poder Judicial
- 19 al Tribunal Supremo de Justicia
- 4 al Tribunal de Disciplina Judicial
- 69 a jueces
Total: 92
Fechas a seguir
- 29 de abril inicio de campaña.
- 28 de mayo concluye la campaña.
- 1 de junio jornada electoral.
- 8 de junio asignación de cargos; una vez que terminen los cómputos
Campañas y elección judicial
- Columna por Antonio Holguin
- Vicepresidente de Relaciones Institucionales de HMG
Es preciso conocer a fondo las responsabilidades y riesgos en el ejercicio de la función jurisdiccional, a fin de valorar la pertinencia de los perfiles de las y los aspirantes
El final del mes de marzo marcó el inicio de una de las etapas más complejas que enfrentará el proceso de la elección judicial.
En las elecciones ordinarias, la campaña es la etapa en la que candidatos y partidos políticos preparan y presentan públicamente sus posturas, ideas y propuestas sobre la forma y términos conforme a los cuales ejercerán el cargo al que está aspirando, en caso de verse favorecidos por el sufragio ciudadano.
La constante en este periodo es el proselitismo, el intento de ganar partidarios para una candidatura mediante la operación pública que busca convencer a las personas de apoyar un proyecto político mediante la promoción de perfiles, imágenes y planes de trabajo.
De más de un modo, las campañas llevan implícito un cortejo del aspirante a los electores, que genere una mayoría que no sólo permita obtener un resultado favorable en la jornada electoral, sino que, también, brinde a quien obtiene el voto, legitimidad y autoridad social para el desempeño de su cargo.
En un contexto político, las campañas ofrecen la oportunidad de que las y los ciudadanos conozcan y comparen las ideas y propuestas de los distintos candidatos, para generan con ello un debate público real y vigoroso, que parta no solo de simpatías o afinidades, sino de un conocimiento auténtico de las propuestas que se presenten, así como de la viabilidad de éstas.
Aun cuando todos los servidores públicos deben sujetar sus actuaciones a lo previsto por las normas, existe un campo discrecional donde una autoridad puede determinar, por ejemplo, las materias o temas que considerará prioritarios durante su gestión, así como la forma y términos operativos en que llevará a cabo la misma en el marco de la ley.
En el caso de la elección judicial, la diversidad de propuestas y el campo de operación discrecional de una persona juzgadora es mucho más limitado, lo cual necesariamente incide en el contenido y sentido de las campañas que se lleven a cabo.
El desarrollo de la función jurisdiccional no da un margen muy amplio para que cada aspirante presente una diversidad de propuestas y proyectos. En general, las personas que juzgan tienen la obligación básica de impartir justicia y esa actividad debe desarrollarse en el marco de la ley y conforme a la misma.
Las previsiones contempladas en el artículo 17 Constitucional sobre la necesidad de que las resoluciones judiciales se emitan de manera pronta, completa, imparcial y gratuita, respetando como principio la igualdad entre las partes y buscando privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, delimitan, junto con otras disposiciones Constitucionales y legales, un ámbito de actuación que las personas juzgadoras están necesariamente obligadas a cumplir.
Por lo que es claro que dentro de las campañas de esta elección se tendría que dar por hecho que todas y todos los candidatos, antes que cualquier otra cosa, asumen y reconocen ese compromiso básico. En ese rubro no puede haber nada que proponer o negociar distinto a ello.
En este sentido, existe en algunas personas la percepción equivocada de que cargos como el de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen más un carácter político que jurídico, o bien, que ser Magistrado o Juez son posiciones de poca responsabilidad que pueden generar múltiples beneficios a quienes las ocupan. Nada más lejano de la realidad.
Por ello, es preciso que las y los ciudadanos conozcan más a fondo la relevancia, exigencias, responsabilidades e inclusive los riesgos que lleva implícito el ejercicio de la función jurisdiccional para que, con base en ello, valoren y determinen la pertinencia de los perfiles de las y los aspirantes.
Se ha dicho que ser juzgador implica conocimientos, habilidades, actitudes y valores, pero además requiere una vocación por el conocimiento y el servicio, así como una profunda convicción por la posibilidad de construir un presente y un futuro mejor mediante la vigencia y el respeto de los derechos para todas las personas.
Pasaje a la Corte por 1 millón 468 mil 841.33 pesos
- Columna por Roberto Illanes
Los candidatos que no cuentan con dichos recursos ¿se financiarán?, ¿a quién podría interesarle financiar campañas para elegir a las y los ministros de la Corte? aquí se abre una peligrosa puerta a intereses oscuros
Ese es el monto autorizado por el INE para que las y los candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hagan campaña para dicho puesto.
¿Es adecuada tal cantidad? Diría que depende: Es mucho, si consideramos que se está compitiendo por un cargo que se remunera con un sueldo nominal mensual neto de 172 mil 032 pesos, de acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2025. Lo que nos lleva a la pregunta: ¿Los candidatos aspiran a recuperar dicho monto? ¿Cómo?
Es mucho, si valoramos que una cantidad importante de candidatos proviene de la función pública, de cargos como jueces de distrito, magistrados de circuito y directivos en dependencias federales, cuyo sueldo oscila entre los 139 mil 210 pesos y 152 mil 531 pesos. Entonces, ¿cómo lo pagarán? Lo que nos regresa a las preguntas: ¿Aspirarán a recuperarlo? ¿Cómo?
Los candidatos que no cuentan con dichos recursos, ¿se financiarán?, ¿a quién podría interesarle financiar campañas para elegir a las y los ministros de la Corte? La respuesta me parece obvia y no creo que en la mayoría de los casos provenga de los amigos y familiares. Más bien, me parece que aquí se abre una peligrosa puerta a intereses que, por decir lo menos, pueden ser oscuros.
Tal cantidad es insuficientemente peligrosa, si se considera que la campaña para ministras y ministros de la Corte es de índole nacional. Lo que ineludiblemente generará que se busque artimaña y media para superar dicho límite y encubrirlo, o que, efectivamente, se respete tal restricción, pero a costa de que los candidatos no puedan darse a conocer y exponer sus propuestas en todo el territorio nacional, lo que sí sucede en cualquier campaña a nivel federal, como la presidencial.
De esta forma, se pone en tela de juicio y riesgo el espíritu de la reforma, pues ésta se concibió para que toda la ciudadanía pudiera elegir a las y los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo podría un aspirante al Alto Tribunal recorrer el país entero haciendo una campaña con tan limitado presupuesto?
Ahora bien, recientemente el INE estableció que los gobiernos, federal y estatales, no podrán hacer promoción de este proceso electoral. El INE también estableció una serie de reglas que restringen aún más la forma en que habrán de promoverse quienes aspiren a integrar la Corte, que van desde lo más absurdo, como la prohibición de utilizar vehículos que no sean propiedad del candidato (por ejemplo, el vehículo de la esposa) al considerarse aportación en especie, hasta la prohibición de perifoneo, hacer uso de propaganda que no sea impresa en papel reciclado y el no pautar contenido en redes sociales. Aunado a un complejo sistema de fiscalización, el “MEFIC” complica más la labor de las y los candidatos.
Las y los abogados fueron sacados de los cargos públicos que venían ocupando o de sus despachos donde venían ejerciendo, esto para convertirlos en políticos. Oficio que no les es propio, pero que además se les impone con una serie de restricciones “apolíticas” que limitan sus aspiraciones.
La reforma judicial es una realidad; aquellos que pretenden boicotearla, desde el INE mismo o por otros medios, deben replegarse o, al menos, no estorbar y contribuir para que esta histórica elección funcione. El debate y el conflicto en el que nos enfrentamos los mexicanos por esta polémica reforma, quedaron atrás. Es tiempo de participar, de ejercer nuestro derecho al voto, de informarnos. Ahí está la plataforma “CONÓCELES” que el propio INE ha desarrollado.
De mi parte, este candidato a ministro tenía todas las dudas sobre el proceso, pero hasta ahora me consta que esto es legítimo, pues de otra forma, al ser totalmente ajeno a la política, simple y sencillamente no estuviera participando en la contienda, ya que antes eran los presidentes de la República quienes proponían a los ministros y era el Senado quien los elegía, y yo a ningún presidente ni senador conozco. ¡Informémonos y votemos este 1 de junio!
Vigilarán conteo de votos: observadores electorales
“Una de nuestras principales preocupaciones en la elección judicial es el conteo de los votos”, aseguró Patricia Olamendi, vicepresidenta de la Asociación Nacional de Doctoras y Doctores en Derecho (ANDD), organización que busca ser observador electoral en los comicios de junio próximo.
Al participar en Contra Cara, de Heraldo Televisión, con Luis Cárdenas, Olamendi y el presidente de la ANDD, Elías Huerta Psihas, analizaron los retos y la complejidad de las primeras elecciones judiciales del país.
La doctora Olamendi aseguró que se trata de una jornada inédita por el número de candidatos y la naturaleza de las personas que van a estar en esas boletas, que decidirán “sobre nuestra vida, libertad, finanzas, patrimonio”.
Afirmó que por esa razón decidieron participar como observadores electorales desde las diferentes etapas que tiene este proceso; es decir, cómo se definieron las reglas; quiénes son los candidatos, sí cumplen con los requisitos de idoneidad, de paridad, la ética profesional; qué va a pasar una vez que estos cargos sean electos y cómo va a funcionar este nuevo sistema de justicia en México.
El doctor Huerta Psihas aseguró que, aunque no están de acuerdo con la reforma, les interesa involucrarse en este inédito proceso, pues habrá un nuevo Poder Judicial, y su mayor interés es que se siga respetando el Estado de Derecho y la independencia judicial.
“Que nuestros nuevos jueces tengan la condición para poder velar por la protección de los derechos humanos, porque son ellos, quienes defienden nuestra libertad, nuestras propiedades, nuestra vida e integridad. Consideramos que es una obligación involucrarnos cuando menos desde donde podemos, desde la observación”.
El especialista en Derecho recordó la complejidad de la próxima elección, pues no será como normalmente acudimos a sufragar.
“No hay partidos, no hay que vas y votas por un candidato, sino que vas a votar por muchas personas. Entonces, lo que queremos es también invitar a la participación ciudadana, porque es importante que la sociedad se involucre y porque es importante también que conozcan a sus candidatos, sobre todo a los que aspiran a seguir siendo jueces”.
Olamendi señaló que una de las preocupaciones más grandes “que tenemos” es en el cómputo de los votos.
“No será en las casillas, será en los distritos, y ahí es donde queremos no solamente participar, sin invitar a la gente a que se sume con nosotros a la observación y podemos estar presentes”.
Elías Huerta agregó que el cómputo de los votos es una parte esencial de la observación, porque en la elección de 1988 cuando “se cayó el sistema” fue tal indignación ciudadana que vino la gran reforma electoral, donde los ciudadanos son quienes cuentan los votos y las boletas que no se utilizan en las casillas se cancelan.
“De repente nos salen con la ley de que los ciudadanos que van a ir a las casillas a hacer funcionarios, como en cualquier elección, no las pueden contar, sino únicamente van a juntarlas por color, tampoco pueden cancelar las boletas que no se usaron y las van a llevar nada más a la oficina distrital”.
Afirmó de manera categórica que el día de la elección se desvelarán para ir a los cómputos distritales, estarán los 15 días observando que no se haga mal uso de esas boletas que no se cancelaron y que se cuenten realmente los pocos votos que va a haber.
