Nunca como ahora, los Poderes Judiciales han sido denostados e infamados en la política. Argentina, Ecuador, Israel, Túnez, entre otros países, ofrecen casos en los que el interés del gobierno en turno pretende socavar la independencia judicial mediante el discurso público y la arenga que amenaza con juicios políticos o reformas de calibre bajo el engañoso tamiz de la “democratización” de la justicia.
Desde 1978, Human Rights Watch ha conformado un referente mundial importante sobre los abusos y violaciones de los Estados a los derechos humanos y, en general, al funcionamiento de las instituciones democráticas. Y uno de los rubros en los que esta organización se ha manifestado en los últimos años ha sido el incentivo pernicioso de los autócratas para influir indebidamente en el funcionamiento y en el proceso decisorio de las personas juzgadoras.
Especial énfasis tiene esa injerencia sobre Tribunales Constitucionales y Cortes Supremas que deciden el sentido de las reglas constitucionales en relación con el actuar de los poderes públicos. Esta arista de la justicia puede trastocar algunos de los proyectos gubernamentales de mayor interés de quienes los impulsan. El punto para entender es: la jurisdicción constitucional mantiene el orden establecido de las reglas fundamentales acotando los excesos, abusos o violaciones de los actores públicos. Los árbitros siempre incomodan a los jugadores, pero el problema es cuando los jugadores quieren controlar a los árbitros.
Por ejemplo, Human Rights Watch en 2022 denunció públicamente el despido de 49 magistrados por parte del presidente de Túnez, como si el Ejecutivo fungiera como patronazgo del servicio público judicial. O las presiones que en 2018 diversos funcionarios de la administración del entonces presidente Correa en Ecuador se evidenciaron en contra de jueces respecto de asuntos de interés para el gobierno, cambio de la política de zanahoria (nombramientos) o garrote (destituciones).
México también forma parte de la estadística. Por ejemplo, la División de las Américas de Human Rights Watch desde 2021 manifestó que la independencia del Poder Judicial de la Federación está bajo amenaza, incluso se remitió una carta a la vicepresidenta de Estados Unidos para que tocara el tema en la visita que realizó en ese año a nuestro país.
Por otro lado, en el Informe Mundial 2023 que rindió esta organización reconoce el papel que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuestión de avances sobre situaciones críticas de derechos humanos: la inconstitucionalidad de la interdicción, la no criminalización del aborto, la militarización de la seguridad pública, entre otros.
Por eso, no se puede llamar traición a aquello que sólo consiste en defender la Constitución y no se puede atacar de parcial a Human Rights Watch como pretexto para los crédulos. De lo contrario, sólo son dichos vacíos que buscan una impartición de justicia a modo.
POR JUAN LUIS GONZÁLEZ ALCÁNTARA CARRANCÁ
MINISTRO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
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