En semanas recientes he recordado, con ironía, que en los primeros años de este sexenio la oposición, así como sus periodistas y “analistas” afines gritaban una y otra vez a los cuatro vientos que AMLO quería controlar al Poder Judicial, violentando por completo su autonomía y sometiéndolo a sus designios.
Como el tiempo pone a cada quién en su lugar, hoy está de sobra demostrado que ni lo sometió ni tuvo nunca la intención de hacerlo, y tan ha respetado su autonomía que hoy el Poder Judicial, a su más entera responsabilidad, ha decidido asumir el falso debate de la defensa de su autonomía (que nunca estuvo en riesgo) como motivo de confrontación abierta con el Ejecutivo; pero lo más grave es que en esa postura de confrontación ha decidido aliarse con todo aquello que huela a oposición contra la 4T.
El primer episodio de esta confrontación sucedió a principios del sexenio, cuando la mayoría de la 4T en el Congreso aprobamos la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, con el fin de que ningún servidor público ganara más que el Presidente, tal y como lo mandata la Constitución. En aquel entonces, jueces y magistrados se manifestaron férreamente en contra de la ley con la patraña de que reducirse el sueldo ponía en riesgo su autonomía, pero nunca atinaron en explicar cómo es que reducirse el sueldo comprometía esa autonomía. Siempre he dicho que tal vez pensaban que ganar menos los hacía más susceptibles a aceptar sobornos, no encuentro otra explicación.
A partir de entonces se han suscitado una serie de desencuentros derivados de las constantes resoluciones en contra de reformas aprobadas por la 4T bajo argumentos leguleyos y, en algunos casos, incluso escudándose en argumentos de forma para evitar entrar al fondo de los asuntos.
Pero contrario a lo que creen los malquerientes de la 4T, el verdadero problema no es en sí mismo el sentido de las resoluciones del Poder Judicial en contra de nuestro proyecto, sino lo que subyace de ellas, que es la cada vez más evidente simpatía y complicidad, tácita o expresa, del Poder Judicial con los opositores a un gobierno democráticamente electo por la mayoría de las y los mexicanos.
Es cierto que el Presidente ha sido un crítico férreo de los vicios del Poder Judicial que, por cierto, para nadie son secretos, pero ser crítico no significa vulnerar la autonomía y, por el contrario, el Poder Judicial parece haberlo asumido como una declaración de guerra, en lugar de reconocer y corregir esos vicios internos.
El mensaje de la Ministra Presidenta de la Corte, condicionando la estabilidad democrática y la transmisión del poder pacífica a un aumento de 4% en el presupuesto del Poder Judicial no es un simple disparate ni un despropósito, sino el retrato claro del papel que la Suprema Corte pretende asumir en la sucesión presidencial; y es que tal parece que a la Ministra Norma Piña se le ha hecho costumbre proferir amenazas; primero fue contra el Senador Armenta y ahora esto.
Sepa bien la Ministra presidenta que la Cámara de Diputados, en pleno ejercicio de su autonomía, aprobará, como lo hemos hecho en estos 5 años, un presupuesto responsable para beneficio de la justicia y de la gente, no para que las y los ministros coman en restaurantes de lujo, ni para remodelaciones de sus casas, ni la larga lista de privilegios con recursos públicos que se resisten a perder.
POR BENJAMÍN ROBLES MONTOYA
COLABORADOR
PAL
