Hace casi cinco años, el 3 de diciembre de 2019, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) terminó sus funciones ante la creciente hostilidad de grupos de poder domésticos.
Alejandro Giammattei fue el primer mandatario guatemalteco en 12 años que no enfrentó la supervisión de la comisión anticorruptela, creada en 2006, entre crecientes manifestaciones públicas de insatisfacción con una situación en deterioro.
A punto de cumplir su periodo de gobierno, sin embargo, analistas y expertos coinciden en que Guatemala pasó a ser en 2022 "uno de los cuatro gobiernos más corruptos del continente americano", según la organización Transparencia Internacional, con sede en Berlín. El legado de Giammattei es un alto nivel de cooptación institucional, debilitamiento de la democracia y profundización de la corrupción, indicó el politólogo Renzo Rosal, citado por la agencia EFE.
En esas condiciones, unos 9.3 millones de guatemaltecos pueden votar en los comicios del domingo, para elegir entre una veintena de candidatos, en la que se espera sea la primera vuelta de un proceso que de no culminar con un ganador de más de la mitad de los votos, se repetirá el 20 de agosto entre los mejor ubicados.
Pero hay un literal consenso en que si el problema de Guatemala es la corrupción, los corruptos parecen haber ganado la partida, al menos por ahora. De hecho, cuando los guatemaltecos acudan a las urnas votarán por una panoplia de candidatos presidenciales en la que faltarán algunos de los más importantes.
Los favoritos son Edmond Mulet, Zury Ríos y Sandra Torres, todos representantes de diversas corrientes de derecha, según versiones políticas y de prensa internacionales, vinculados a grupos de poder tradicionales.
Zury Ríos Sosa, hija de José Efraín Ríos Montt, el fallecido exdictador que recibió una condena –luego anulada– por genocidio, tiene el apoyo de la coalición Valor-Unionista, derecha radical. Torres estuvo casada con Álvaro Colom, expresidente entre 2008 y 2012, y fue presentada por un partido de derecha.
Pero hubo tres impedidos de participar por objeciones administrativas que muchos guatemaltecos ven como sospechosas porque los afectados incluyen a la lideresa indígena Thelma Cabrera, del izquierdista Movimiento para Liberación de los Pueblos, y Roberto Arzu Granados, hijo del expresidente Álvaro Arzu, postulado por Podemos, partido populista de derecha.
El tercer impedido es el empresario Carlos Pineda, quien según las encuestas, tenía serias posibilidades de pasar a la segunda vuelta e incluso ganarlas. El común denominador de los impedidos era un carácter de outsiders, de posturas antisistema. "Estas elecciones pondrán en evidencia que Guatemala, junto a Perú y Ecuador, es otro ejemplo regional de 'vaciamiento democrático'", aseguró un reporte del Real Instituto Elcano, el centro de análisis español.
No son los únicos, ni de lejos, en haber llegado a conclusiones similares.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
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