El Estado mexicano es el responsable directo del homicidio de los 39 migrantes muertos en Ciudad Juárez. La mejor prueba de esto son los intentos desesperados, burdos y carentes de empatía por evadir toda responsabilidad del homicidio que exhibieron los principales dirigentes políticos del país. Ellos saben por qué lo hacen: su victoria electoral de 2018 fue conducida sobre una carretera pavimentada con acusaciones contra el Estado por sus acciones de represión, indolencia y corrupción.
En primerísimo lugar, de la fila está el Presidente de la República, quien inicialmente quiso evadir hablar del asunto. Luego acusó a los migrantes de ser los responsables del “incidente” y después anunció que ningún funcionario “importante” será acusado por la situación, y menos removido de su puesto. En algún momento, como un acto olvidado, expresó sus condolencias para con los familiares de los fallecidos, especialmente cuando los mandatarios de los países de origen de los migrantes le exigieron cuentas claras sobre lo ocurrido. El cinismo también tiene sus límites.
Finalmente, se dio el vergonzoso viaje presidencial a Juárez, donde acabó acusando a los migrantes desesperados de ser provocadores y que fueron movidos “por Maru”, o sea, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván. Agréguele a la falta de empatía del Presidente, una dosis importante de paranoia. Adicionalmente, se negó a reunirse con los migrantes. ¿Por qué? Porque el Presidente sólo se reúne con pobres que han recibido dinero de él, para ser aplaudido. No se reúne con personas dolidas y sin nada que perder.
Eso nunca, por respeto a la investidura presidencial, diría como justificación. Junto con las evasivas y negaciones presidenciales, está la conducta política pública del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Aparte de utilizar inmediatamente el caso para hacer proselitismo electoral interior del país, mostró su verdadero carácter como ser humano. No le importa un bledo la vida y muerte de unos migrantes desconocidos que ni siquiera son mexicanos.
López dió la impresión de que, para él, ellos son estorbo en su carrera hacia la gloria política. La falta de empatía con el caso de Ciudad Juárez solamente encuentra paralelismo con la misma falta de empatía del Presidente. López inmediatamente se deslindó de toda responsabilidad de la administración del centro de detención migratoria, de su personal y de los protocolos aplicables en el caso de una emergencia.
Dirigió toda la responsabilidad del manejo de la política migratoria a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores y, para más señas, su contrincante en la carrera por obtener la candidatura presidencial de Morena para competir en las elecciones en junio de 2024. Poco le importó el letrero por encima del portón de entrada al centro de detención que dice: Instituto Nacional de Migración, Secretaría de Gobernación. Se le hizo fácil decir una mentira públicamente.
¿Por qué se le hizo fácil decir una mentira públicamente, usted preguntará? Porque sabe que es intocable por el Presidente, en tanto que sirve de fusible en un sistema político que se encuentra en la antesala de una crisis política mayúscula. Y dicho y hecho: el Presidente anunció, contundente, que “nadie será despedido” por su supuesta participación en los yerros del centro de detención.
El Presidente avisó, así, que habrá total impunidad en el caso de Ciudad Juárez, a excepción, obviamente, de los elementos presentes en el momento. Y la secretaría de Seguridad Ciudadana anunció, como si fuera un acto de contundencia administrativo, el arresto de seis elementos del centro y el cierre de las instalaciones mismas. La mejor manera de hacer desaparecer el problema es eliminando toda evidencia física de que alguna vez hubo un centro de detención en ese predio de Ciudad Juárez.
Desaparecida la evidencia, el caso languidece y, eventualmente, muere. Así reza la teoría, por lo menos. Igual se dijo con los 43 de Ayotzinapa y la Guardería ABC. La teoría y la práctica era que si se daba carpetazo jurídico y físico al caso, entonces iría desapareciendo. Pero apareció la acusación de que el responsable fue el Estado, y no desaparecen los casos.
En el caso del centro de detención en Ciudad Juárez, el responsable del homicidio de 39 migrantes, y contando, es el Estado mexicano, en la forma administrativa del gobierno federal.
Administrativamente, el responsable directo es la Secretaría de Gobernación, y el Instituto Nacional de Migración. Todos sus directivos son amigos personales del Presidente y fueron nombrados por él y aplican las políticas, en este caso migratorio, que les instruye el Presidente de la República.
Desde el punto de vista legal, administrativo y ético, ninguno de esos tres funcionarios pueden evadir su responsabilidad directa en la muerte masiva de migrantes, por más extranjeros sean. Ni todo el cinismo del mundo les puede salvar del juicio que la historia emitirá sobre la muerte dolosa de los migrantes en una instalación del gobierno federal mexicano.
Además, como sucede en todos los casos de violencia ejercida por el Estado, el caso del centro de detención migratorio en Ciudad Juárez está destapando una cadena de hechos que dibujan pistas sobre favoritismo, apoyos a dictaduras, incompetencia y casos de corrupción. Se denunció mucho antes de que ocurriera la tragedia de Ciudad Juárez que un empresario de poca monta, Elías Gerardo Valdés Cabrera, dueño de SEICSA, al ser designado Cónsul de Nicaragua en el norte del país, vio a sus negocios florecer. Hoy recibe más de 3 mil millones de pesos identificados (porque podrían ser muchos más) en contratos del gobierno federal por adjudicación directa.
¿Cuál es una hipótesis sobre el manejo de estos recursos y la relación con el empresario? Que es un frente que sirve para canalizar recursos frescos, en dólares, a la dictadura nicaragüense y a los bolsillos del director del INM y a la campaña electoral del secretario de Gobernación.
Por lo pronto, el hecho de que el empresario de poca monta tenga contratos con una veintena de oficinas públicas, incluyendo el Banco del Bienestar, llama la atención, y habla de la nula efectividad de los sistemas internos de rendición de cuentas del gobierno federal. En las profundidades del Estado mexicano nadie se extraña por la apropiación masiva de fondos públicos para beneficio político o personal. Es visto como algo natural y necesario para la reproducción de Morena en el próximo sexenio.
Para resolver el caso de la tragedia y encubrir la corrupción reinante en el centro, el Presidente designó a Rosa Icela Rodríguez, de Seguridad Ciudadana, como vocera oficial para tapar el hoyo abierto, desviando la atención de los amigos presidenciales y para echar una cubeta de agua fría encima del caso.
El fallido y desaseado viaje presidencial a Ciudad Juárez sólo sirvió para incentivar aún más la atención y el interés público por conocer a fondo los intereses en juego, incluyendo la corrupción y encubrimiento, por este homicidio de migrantes. Aún falta mucho por saber del caso del homicidio doloso provocado y justificado por el Estado.
POR RICARDO PASCOE
COLABORADOR
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MAAZ
