Ante las recientes declaraciones que han dado diversas autoridades sobre el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la situación que se presentó por una solicitud de información realizada por un ciudadano, existe bastante desorientación –o algunos actores políticos tratan de desorientar a la población– sobre las funciones que ejerce el INAI; vale la pena aclararlas para resaltar la labor de este Instituto y la importancia de defenderlo.
El INAI es un órgano constitucional autónomo que vigila el cumplimiento de dos derechos fundamentales: por un lado, tutela la garantía del acceso a la información; por otro lado, el de la protección de datos personales, por ejemplo, en este último punto, cuando autoridades o particulares vulneran nuestros datos personales, el INAI interviene para realizar las sanciones correspondientes.
A nivel federal, actualmente hay 8,259 sujetos obligados, es decir, instituciones o dependencias que, por ley, tienen obligaciones en materia de transparencia. Un sujeto obligado es la Presidencia de la República, las Secretarías dependientes del Poder Ejecutivo Federal, universidades públicas, partidos políticos, sindicatos, fideicomisos y, en general, cualquier poder que utilice o ejerza recursos públicos o actos de autoridad. La ciudadanía tiene derecho a solicitarles información y estos sujetos obligados tienen 20 días máximo para entregarla. Ante cualquier negativa, la población acude al INAI, y es cuando entramos en acción.
Semanalmente, el INAI resuelve alrededor de 500 recursos de revisión –quejas interpuestas por la ciudadanía en contra de los sujetos obligados– e instruye a que estos entreguen la información que la población les solicita, pues es de interés público. Como lo escribí hace poco: “Desde contratos y ejercicios de presupuesto hasta la documentación sobre víctimas de delitos o apertura de expedientes clasificados, el ejercicio del INAI es una lucha diaria contra la opacidad en nuestro país”.
En la presente administración federal, la negativa de la información se ha vuelto muy recurrente, principalmente en los últimos meses; algunos sujetos obligados realizan reservas que solo aplican en casos específicos y después de haber demostrado jurídicamente el porqué de su decisión. Se argumentan temas de seguridad nacional, cuando es claro que se trata de información pública.
Está en las facultades del INAI obligar a entregar lo que es público. Ojo, no es el Instituto quien pide la información (esa percepción que quieren hacer creer es falsa). El INAI no guarda la información; no somos “almacén ni bodega de archivos”: instruimos a que las instituciones que cuentan con la información la transparenten.
Por estas razones, el INAI es fundamental para impulsar la rendición de cuentas y, por lo tanto, la democracia en el país. Quien está contra de la corrupción, no puede estar en contra de la transparencia.
La transparencia no puede ser rehén de nadie.
POR JULIETA DEL RÍO
COMISIONADA DEL INAI
@JULIETDELRIO
LSN