Una de las tragedias más terribles que hemos vivido en el México contemporáneo fue la que sucedió en Ciudad Juárez, donde murieron 39 migrantes, cuya única culpa fue la de buscar un mejor nivel de vida, pues la pobreza y la exclusión los arrojaron de sus países de origen, en este fenómeno de migraciones masivas que cada día conmueve más a nuestro mundo.
Considerar un crimen de Estado a estos hechos, no es una definición correcta, pues en ningún momento el gobierno —federal o local— tuvo la intencionalidad en este grave e irreparable daño. Sin embargo, si existe una clara responsabilidad del Estado, ya que quienes murieron ahí estaban bajo la custodia del gobierno federal, por lo que no pueden deslindarse de este tema quienes tienen la obligación de realizar una política pública de migración.
Recordemos que el entonces presidente Donald Trump obligó al gobierno mexicano a convertir su frontera norte y sur en el escenario donde se realiza el trabajo sucio de la contención migratoria. No hubo ninguna contraprestación —al menos no sabemos— excepto detener la amenaza de cierto tipo de aranceles; se cambió la abierta política —que había prometido el Presidente en sus primeros meses— de otorgarle un trato humanitario y justo a los miles de migrantes, que ya transitaban en caravanas de miseria por nuestros caminos y carreteras en busca del “sueño americano”.
La presión –tanto de Trump, como de Biden— implicó la utilización de decenas de miles de elementos de la Guardia Nacional y el Ejército, al servicio de esta ingrata tarea.
Estas negociaciones las llevó la Secretaría de Relaciones Exteriores y, por eso, se emitió un Decreto que modifica —aunque jurídicamente no es posible— a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, esto explica las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien señaló que este tema correspondía al secretario Marcelo Ebrard.
El aplicar ésta política represiva ha tenido costos económicos y sociales que desembocan en este drama dantesco y brutal.
Se buscan responsables de la culpa, y ya existen seis órdenes de aprehensión, de quienes seguramente cometieron actos delictivos por omisión o negligencia, no obstante, no se hace referencia al marco estructural de la política migratoria.
En el Senado ni siquiera se aceptó que fuesen citados los dos secretarios mencionados, ni el comisionado del Instituto Nacional de Migración que, en cualquier otra latitud, ya hubiera renunciado a su cargo. Seguramente serán juzgados los culpables directos de este trágico acontecimiento, pero al menos, debería recordarse el análisis jurídico que realizó el ministro Arturo Zaldívar cuando trató el asunto análogo del desastre de la Guardería ABC, proyecto de sentencia que no fue aprobado.
Deben condenarse a los culpables, pero el gobierno no puede evadir su responsabilidad y tiene la obligación de explicar a la nación, lo que ha sucedido. Culpabilidad y responsabilidad son conceptos diferentes, pero ambos deben considerarse en el análisis sereno y ponderado de lo que sucedió en Ciudad Juárez.
POR ALFREDO RÍOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ
