En el pasado la conquista del poder político y su ejercicio (quien manda y quien obedece) en la mayoría de las épocas por las que ha pasado el ser humano ha desembocado casi siempre en hechos violentos que imponen una autoridad determinada, después se busca una justificación al ejercicio de ese poder político ya sea a través de la religión o en su caso de linaje y dinastías. Los enciclopedistas y después de manera práctica la Revolución francesa vino a dinamitar todas las creencias pasadas y puso al “pueblo” como la única instancia donde emana la soberanía del poder.
Con el tiempo se fueron modificando los procesos y reglas para que las sociedades se otorgaran así mismas por medio de leyes y acuerdos, procedimientos para poder ejercer el poder político-público mediante la participación cada vez mayor de la gente en las decisiones. El propio concepto de “ciudadano” fue emergiendo a lo largo de los años. Las reglas de acceso y uso del poder se perfeccionaron hasta encontrar en el sistema democrático, representativo y liberal su expresión más civilizada.
En los países democráticos o que aspiran a serlo, con democracias incipientes o frágiles, son los parlamentos quienes hacen las leyes para poder llevar a cabo procesos electorales en donde las y los ciudadanos participen para poder elegir a sus gobernantes y representantes. Después de largos años de lucha política, nuestro país pudo construir un andamiaje jurídico-electoral para acercarnos a los estándares democráticos y poder llevar a cabo procesos electorales confiables para las y los ciudadanos.
Esto fue posible gracias a que desde las reformas electorales que se vienen desarrollando en el país por lo menos desde la década de los 90’s tenían como regla principal el “Acuerdo” entre las partes, esto quiere decir que cada reforma de gran calado era el resultado del diálogo, debate e intercambio de ideas y de posiciones, pero también hay que decirlo, era el producto de que tanto partidos opositores como el Gobierno en turno iban cediendo cada uno en sus posiciones originales, hasta llegar a un punto intermedio en donde las demandas mínimas de cada uno se satisfacían, logrando con ello reformas avaladas y respaldadas la mayoría de las veces por consenso. No existen las negociaciones perfectas, pero lo que busco resaltar es que las reformas electorales de gran calado en nuestro país, fueron resultado de acuerdos políticos y no de imposiciones.
El Plan B que impulsa el presidente López Obrador rompe la lógica de la regla del Acuerdo, le quita la legitimidad de que todas las partes estén de acepten las reglas electorales y se impone una visión que solo atiende al gobierno y a su mayoría simple en el Poder Legislativo. Acordar las reglas significa que todos los jugadores aceptarán el resultado y que no habrá protestas electorales que puedan degenerar en hechos violentos o inestabilidad política, por ello es tan importante que dichas reglas sean aprobadas mediante la regla del Acuerdo.
El Gobierno y Morena han desdeñado la regla básica de nuestra transición democrática y están poniendo al país al borde de la violencia política por tratar de controlar los órganos electorales desde el Palacio Nacional. La integración del Coité Técnico que presentará las quintetas al Pleno de la Cámara de Diputados para designar a los nuevos consejeros y consejeras del INE, muestra la decisión de imponer a como de lugar a personas que obedecerán las directrices del gobierno y le darán un golpe a la autonomía del INE, poniendo en riesgo el próximo proceso electoral.
POR ÁNGEL ÁVILA
REPRESENTANTE DE PRD ANTE EL INE
@ANGELAVILAPRD
PAL