El viernes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que prohíbe a ese Poder crear o mantener en operación fideicomisos adicionales al relativo al fondo para el mejoramiento de la administración de justicia, previsto en la propia ley.
Más allá de tecnicismos legales, lo anterior implica, en lo inmediato, extinguir 13 de sus fideicomisos existentes, que en su gran mayoría tienen los recursos con los cuales se fondea el sistema de pensiones de las personas trabajadoras del Poder Judicial.
Uno de los pilares del sistema judicial mexicano es su autonomía e independencia, en el marco de la división de poderes, principio básico en cualquier democracia constitucional. Por ello, se prevén garantías institucionales para reducir incentivos de corrupción en quienes imparten justicia. De ahí que exista un sistema de carrera judicial que permite que el personal sea especializado y profesional, cuente con estabilidad en el empleo, salarios y prestaciones laborales dignas y competitivas.
Con la extinción de los referidos fideicomisos se impide al Poder Judicial contar con recursos para fondear esos derechos laborales ya adquiridos, con lo cual se vulneran derechos laborales de miles de sus trabajadoras y trabajadores. Falso que la finalidad sea eliminar privilegios de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni que tales recursos solucionen el problema de la desigualdad en nuestro país. Eso es solo discurso político predicado desde el púlpito presidencial, con claros fines proselitistas.
Adicional a lo anterior, la reforma implica el menoscabo de la autonomía presupuestaria y financiera de la que goza el Poder Judicial por mandato de la ley presupuestaria, conforme con la Constitución. La autonomía implica no depender de otros poderes de la Unión para llevar a cabo sus tareas. Con esta reforma y el sustantivo recorte presupuestario, que el presidente y su partido ya anunciaron para el próximo año y que está a días de consumarse, se le atan las manos al Poder Judicial, pues tendrá que realizar reducciones importantes en el gasto, que se traducirán en cierre de juzgados y tribunales o reducción importante de personal, léase despidos y una justicia más lenta.
¿Cuál es el verdadero motivo? La respuesta es sencilla. Al titular del Poder Ejecutivo y a su partido le son incómodas las decisiones que velan por la constitucionalidad y legalidad. El Estado de Derecho hoy, en su mente, estorba. Por ello, los órganos constitucionales autónomos, como el INAI y el INE, así como el propio Poder Judicial le son molestos, pues hacen velar la Constitución y la ley.
En ese sentido, la forma que han encontrado para tratar de lograr sumisión es ahorcándolos presupuestariamente. Ya lo hicieron con el INAI y el INE, entre otros. Ahora van por el Poder Judicial. No obstante, sin menospreciar la importancia de aquellos, el ataque al tercer Poder de la Unión no es menor. Se menoscaba el principio de división de poderes que establece el artículo 49 de la Constitución. Se avecina un verdadero choque de trenes, que provocará una crisis constitucional de dimensiones históricas, en el marco de un proceso electoral de gran relevancia. La inestabilidad política no es buena para nadie, salvo para el gobierno autoritario.
He ahí la clave de lo que se está haciendo. El presidente y la mayoría que aprobó esa reforma, así como la que resolverá sobre el recorte presupuestal con que han amenazado, saben que lo que están haciendo es inconstitucional. De hecho, el proceso legislativo nuevamente fue atropellado, quizá con toda intención. ¿Porqué? Sencillo. El Poder Judicial, encargado de calificar la constitucionalidad de tales actos, no tardará en echar abajo esas decisiones, pero el discurso político ya se ve venir y será caldo de cultivo fértil para la férrea y polarizada contienda electoral que se avecina.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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