Comencemos por entender ¿qué son los fideicomisos? Son instrumentos legales y financieros que permiten guardar dinero para usarlo en el futuro con fines específicos.
Tienen muchos usos, por ejemplo, para educación, inmobiliario, retiro, entre otros. En México hay dos tipos: privados y públicos. En el caso de los públicos, como son los del Poder Judicial, se usan para asegurar que los recursos se apliquen de acuerdo con políticas públicas concretas.
Algo importante a entender es que el Poder Judicial es una dependencia de gobierno y, como tal, el Congreso le autoriza cierta cantidad de dinero anual.
Si algo sobra de ese total al terminar el año, tiene la obligación de regresarlo a la federación.
Con todo, hay ciertos gastos que toman más de un año en ejecutarse, por eso se van a fideicomisos.
Ahora, la suma de los 13 fideicomisos que se quieren eliminar es de más de 15 mil millones de pesos, lo cual corresponde a casi 20 por ciento adicional al gasto que se aprobó para el Poder Judicial en 2023.
Son bolsitas que este poder ha crecido en el tiempo, con los fondos que el Congreso le aprueba año con año y con aportaciones de su propio personal. Su eliminación es un golpe duro.
Como se dijo, los fideicomisos tienen fines específicos. Entre ellos se encuentran los recursos que se destinan a proveer de seguridad a ministros, jueces y magistrados.
Aparte, el máximo órgano señala que al menos seis fideicomisos están relacionados con obligaciones patronales con prestaciones como pensión, vivienda, cobertura de salud y retiro.
El personal operativo del Poder Judicial, que representa a más de 60 por ciento de su plantilla es el principal beneficiario. Son aproximadamente 35 mil trabajadores.
Sin embargo, de acuerdo con un estudio de la Auditoría Superior de la Federación en 2018, 12 fideicomisos, en 10 años, han usado sólo 4.9 por ciento de su dinero disponible. Además, gracias a este mecanismo de reservas, en una década el presupuesto de los fideicomisos del Poder Judicial se ha cuadriplicado.
Dentro de los fideicomisos que desaparecerían, hay algunos que atienden objetivos específicos de operatividad, como la modernización de la impartición de justicia, por lo que su desaparición implicaría una limitación en el ejercicio.
El fideicomiso del “Fondo de Apoyo para la Administración de Justicia del Consejo de la Judicatura Federal” es el que queda intacto. Falta que se apruebe en el Senado y en el Judicial.
Con esto queda clara la necesidad de una discusión democrática. Una que incluya un análisis profundo de los fideicomisos necesarios tanto para el correcto funcionamiento, como para el cumplimiento de las obligaciones patronales del Poder Judicial. Uno que evalúe si los fideicomisos son el mejor vehículo financiero para dichos fines. Eliminarlos de tajo, sin estudio, sin debate, es ejemplo autoritarismo.
POR MARLENE MIZRAHI
COLABORADORA
@MARLENEMIZRAHI
PAL
