En días pasados el Senado de la República retomó la discusión sobre una iniciativa de nueva Ley General de Población, presentada por dos senadoras de Morena, que, entre otras cuestiones, agrega fotografía y huellas dactilares a la Clave Única de Registro de Población (CURP) y señala que la constancia respectiva será documento oficial de identificación ciudadana.
La iniciativa se justifica en la necesidad de contar con información estadística y sociodemográfica para la instrumentación de políticas públicas con un enfoque de derechos humanos. Hasta ahí, pareciera una buena idea.
Sin embargo, la iniciativa no tiene base constitucional, porque confunde una clave poblacional con una identificación ciudadana. El registro poblacional incluye a todo habitante del territorio nacional y permite que participen justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social. La cédula de identificación permite a la ciudadanía (nacionales mayores de 18 años) el ejercicio de sus derechos.
Además, hay que voltear un poco la vista hacia la historia de nuestro país para alertar dónde está el truco de la iniciativa y los riesgos que representa. Recordemos que antes de 1990 el registro de electores era administrado por el Ejecutivo Federal, cuyo titular es electo popularmente. De ahí que ese registro era manipulado con fines estrictamente políticos y electorales, de manera tal que las personas votaban sin enterarse, lo hacían más de una vez, o bien, votaban quienes ya habían fallecido.
Por eso, el entonces IFE conformó un nuevo padrón electoral, partiendo de un censo general, al que se le agregaron biométricos (fotografía y huellas dactilares). Con ello, la credencial para votar con fotografía hoy permite el ejercicio del derecho al sufragio y la realización de elecciones libres y auténticas, pero además constituye el medio de identificación más utilizado por las y los mexicanos.
La confianza en la autoridad electoral, los candados con los que cuenta ese registro ciudadano y su vigilancia permanente por mandato constitucional, hacen que México cuente con uno de los padrones electorales más confiables y actualizados a nivel mundial.
Dicho eso, la pregunta es: ¿Por qué el partido en el Gobierno pretende un registro ciudadano alterno con biométricos basado en la CURP? ¿Por qué obligar a la ciudadanía a realizar dos trámites registrales (ante la Secretaría de Gobernación y a la vez ante el INE)?
La respuesta es sencilla, para recuperar la posibilidad de hacer uso político electoral de la base de datos ciudadana. Esta iniciativa significa un retroceso de más de 30 años en materia electoral.
Si la credencial para votar pierde su función social y de identificación con la que ahora cuenta y se vuelve sólo un instrumento para ejercer los derechos políticos, habrá un desincentivo para mantenerla actualizada. El padrón electoral perderá una de sus virtudes, tener un 98% de actualización. Además, está históricamente demostrado que el registro ciudadano en manos del partido gobernante, cualquiera que ese sea, permite su uso político. Con ello, las elecciones se vuelven a poner en riesgo.
En esa lógica, si lo que se quiere es un registro poblacional único con biométricos que permitan ponerle rostro a un nombre y clave, que en efecto es útil y necesario, la solución es sencilla. México cuenta con un registro ciudadano íntegro y confiable administrado por el INE, sólo falta incorporar a esa base de datos a los menores de edad y a la población extranjera residente en el país. En lugar de poner la iglesia en manos de Lutero, como dice la popular frase, se puede otorgar la facultad de hacer ese empadronamiento y administrar esa base de datos de toda la población al propio INE, autoridad autónoma e independiente que ha demostrado con los años saber cómo hacerlo y con ello aprovechar la infraestructura instalada para abatir costos.
POR GABRIEL MENDOZA ELVIRA
ABOGADO CONSULTOR
@GMENDOZAELVIRA
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