Parece que en nuestro país existen prácticas que no dejarán de estar presentes. Una de ellas es el famoso “albazo” realizado por los gobiernos en turno. De esta forma el sábado pasado se turnó el proyecto en el cual se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; de la Ley de la Guardia Nacional; la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; y la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Es decir, donde se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tenga el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
No está de más mencionar que esta iniciativa enviada por el presidente sería de manera regulatoria -de iure-, para ponerlo en ley, porque la implementación que se realiza desde el nacimiento de la Guardia Nacional, cuando constitucionalmente es una fuerza de seguridad civil, pero ha sido manejada desde un principio como una fuerza militar. La gran mayoría de sus más de 100 mil miembros son militares y, de facto, ya está bajo el control operativo de la Sedena. Esta “regulación” ya fue aprobada por la Cámara Baja gracias a que se obtuvieron 265 votos de Morena, PT y Partido Verde a favor y solo 221 en contra. Más allá de los dimes y diretes entre Monreal y López Obrador, esta iniciativa también pasará por el Senado.
Para el análisis y el debate al respecto, también hay dos vertientes. La primera es la grave problemática de la militarización del país. En la actual administración, hemos observado a los efectivos de las fuerzas armadas construyendo aeropuertos, trenes, escuelas, repartiendo libros, tarjetas bancarias, vacunas, colaborando en huracanes, además de cumplir sus funciones esenciales.
La causa de esto es que la visión del presidente es que “el ejército es el pueblo uniformado” y que ellos son los más leales e incorruptibles, sin embargo va en detrimento directo del marco institucional civil, desde policías hasta el sistema de salud pública.
El efecto, será un entramado militar haciendo las labores de las personas servidoras públicas de manera -institucional-.
La otra cara de la moneda es la pesantez de la inseguridad y la presencia del crimen organizado por la mayoría del territorio nacional. Ante esto, más allá de que no sea deseable, son necesarias y urgentes las acciones coordinadas de todos los cuerpos de seguridad del país. No podemos esconder la crisis que vive México por más de 15 años, más de 100 mil personas reconocidas como desaparecidas, fosas clandestinas, más de 35,000 homicidios registrados anualmente, todos los tipos de violencias en contras de las mujeres, “pago de piso” y un escalofriante y largo etcétera.
Así, lejos de los dichos de antaño de “el ejército debe volver a los cuarteles”, una herencia más del presidente López Obrador y la autollamada Cuarta Transformación será un país con las fuerzas armadas desplegadas mediante la Guardia Nacional (sumado al ejército y marina) a lo largo y ancho del territorio, con la distinción de que esta vez estará en la ley. Empero, todo esto pasaría a segundo término si logra resolver la crisis de seguridad que adolecemos todas y todos los mexicanos, es decir, si el resultado es la pacificación y el alivio cotidiano de la ciudadanía habrá valido el albazo, la contradicción y los roces políticos. ¿Será?
POR ADRIANA SARUR
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