Eso es lo que apunta el reporte Recuperación de la Ciudad Reforma Policial en la Ciudad de México, 2002-2008, elaborado por la académica Rachel Jackson, del Centro de Innovación para las Sociedades Exitosas de la Universidad de Princeton. Entre 1995 y 1998 la tasa de criminalidad de la ciudad se había triplicado. Todos recordamos la muy peligrosa ciudad de los 90. López Obrador incorporó como secretario de Seguridad a un político experimentado, conocedor de los problemas de la capital, Marcelo Ebrard. Durante su gestión se inició una revolución en la secretaría. Se establecieron sistemas de información, de mapeo, y de análisis de datos de delitos para tomar decisiones policiales, se establecieron estrategias para maximizar el uso de los recursos policiales y otras de carácter preventivo. Antes de esa reforma, la Policía prácticamente no contaba ni con capacidad informática ni con herramienta alguna para recopilar o analizar datos. Se generó un sistema que administraba diariamente 600 registros sobre detenciones, denuncias e información delictiva para determinar las áreas de mayor incidencia. Las reformas impulsadas por Marcelo permitieron que la secretaría contara con herramientas adecuadas para combatir el delito. De 1992 a 2011, los robos simples se redujeron 37%; los robos con violencia, 51%; las lesiones, 50%, y los homicidios, 14%.
Además, se crearon las Unidades de Protección Ciudadana; la idea fue incorporar en las mismas a policías recién formados, con mejores condiciones de trabajo, que se pudieran relacionar con la comunidad y que superaran los vicios que habían caracterizado a los policías de la ciudad. Ebrard buscó y llegó a conclusiones a partir del estudio de estrategias exitosas de ciudades como Palermo, Bogotá y Nueva York, en las que era evidente que el buen uso de la información, la evaluación policial y la buena relación de la policía con la sociedad habían marcado la diferencia. Tender un puente entre la policía y la sociedad era entonces la meta. Eso incluyó al sector empresarial, al que AMLO ha se había acercado en el contexto del rescate del Centro Histórico.
López Obrador inició las reuniones diarias de seguridad, para analizar la información que se había recolectado, tomar decisiones oportunas y evaluar el desarrollo de las reformas de mediano plazo. Siempre se mandó la señal de que la seguridad era una prioridad para el gobierno, como un mensaje para la Policía, el crimen y la sociedad misma. De hecho, Ebrard como jefe de Gobierno logró consolidar e institucionalizar mucho de lo que él mismo inició en el gobierno de López Obrador. En esos años se concretó una Ley de Extinción de Dominio que permitió combatir bandas dedicadas a delitos como el secuestro, el robo de autos y el narcotráfico y se destinaron 460 mdp al primer programa de cámaras para la ciudad. La implementación de esta política de seguridad, en una ciudad con problemáticas sociales tan complejas, da cuenta de que se pueden lograr avances con el diseño de mecanismos adecuados para contrarrestar problemas específicos.
POR VIDAL LLERENAS
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