Hoy se cumplen ocho años de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Por supuesto, en Palacio Nacional y en las instituciones de inteligencia del Estado mexicano ya se habían encendido los focos amarillos por la posibilidad de actos de violencia en estas semanas.
Tan es así que hubo un operativo perfectamente bien coordinado entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y la Sedena para proteger estas instalaciones. El saldo de heridos fue de 21 elementos de la policía capitalina, 13 de la policía militar y 5 de la Guardia Nacional. La orden fue clara, no repeler la agresión y el resultado fue 39 elementos de seguridad mal heridos por el ataque con artefactos explosivos. Esta columna tuvo acceso a los videos en donde aparecen los funcionarios públicos federales y locales mal heridos y algunos con evidentes quemaduras y lesiones que estaban siendo asistidos por paramédicos del ERUM de la CDMX y personal médico del Ejército. Mis respetos para todos ellos.
Estos casos de violencia alentados por las filtraciones sobre la nueva verdad histórica y los conflictos al interior de la FGR, que dirige Alejandro Gertz Manero, ponen al gobierno de López Obrador en una situación crítica de riesgo político al final de su sexenio. Hemos sostenido en este espacio el uso político de la FGR en varios casos en donde por incompetencia de sus funcionarios y redes de colusión reina la impunidad. No era un hecho menor que la FGR ordenara 20 órdenes de aprensión en contra de militares. Sin embargo, la fiscalía retiró 16. ¿Es incompetencia por parte del equipo de Gertz Manero o hay un pacto de impunidad? ¿Estas órdenes de aprensión las liberó Gertz hace unas semanas al igual que el encarcelamiento del ex procurador Jesús Murillo para congraciarse con el Presidente por las fallas en el proceso que liberaron a Rosario Robles? ¿El fiscal está siendo presionado por Palacio Nacional? ¿Qué papel tienen los abogados que reveló la revista Proceso que están defendiendo a los militares?
Alejandro Encinas está en medio de un fuego cruzado al interior de la 4T, de la FGR y entre las organizaciones de Derechos Humanos que están involucradas en este caso. El riesgo político también se eleva para la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, por la violencia que se espera en la ciudad. La operación política de su campaña presidencial puede tener la sombra de este conflicto si escala a otros espacios públicos nacionales. El riesgo político para el gobierno de la 4T y para la jefa de gobierno aumentan a ritmos acelerados. No va a ser un fin de año fácil para los operadores en Palacio Nacional ni del Antiguo Palacio del Ayuntamiento. Tampoco me queda duda que Ayotzi vive y su lucha sigue.
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AGENDA ESTRATÉGICA: El viernes se espera sesión del TEPJF para resolver la impugnación de la elección en Tamaulipas. Hay mucha presión por parte de los abogados del gobernador García Cabeza de Vaca para anular la elección y que Américo Villarreal tome posesión el sábado.
POR GERARDO RODRÍGUEZ
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