Es cuestión de horas para que conozcamos el nombre de la candidata del PRI para gobernar el Estado de México. Las añejas formas de ese partido mandan que esta es la semana del gobernador, tras el Quinto Informe de Gobierno de Alfredo del Mazo. Entonces, podría ser que, a principios de la próxima semana, salga humo blanco y se eche a andar la maquinaria electoral priista.
Hay versiones de que Del Mazo hizo las negociaciones pertinentes para mantener viva la coalición Va por México, al menos para la elección mexiquense del próximo año. El gobernador sabe que es heredero de una de las dinastías políticas del PRI más respetadas, pues su abuelo y su padre gobernaron también el Estado de México. Pero seguramente nunca imaginó que la decisión que está por anunciar tendría tanto peso político en el futuro de la entidad y del país.
Si Alfredo del Mazo Maza logra mantener la coalición con PAN y PRD, tendrá posibilidades de ganar la elección de gobernador del Estado de México. Eso sería un serio revés para Morena y el proyecto personal del presidente López Obrador. Reviviría la coalición opositora PRI-PAN-PRD de cara a las elecciones presidenciales de 2024. Y, de paso, él mismo se convertiría en posible candidato presidencial.
Ya veremos qué decisión toma, porque de lo que no hay duda es que hoy la coalición opositora está en terapia intensiva. Como tampoco hay duda que el coordinador de campaña de Delfina Gómez trabaja en Palacio Nacional.
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BON APPÉTIT
El trabajo de Víctor Hugo Romo como alcalde de Miguel Hidalgo es uno de los más cuestionados de Morena. Ahora surge otro detallito que se acumula a las varias sospechas sobre casos de corrupción de su gestión. Se centra en Gustavo García Arias, quien fue director Ejecutivo Jurídico de la alcaldía.
El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México determinó en febrero de 2020 que Gustavo García Arias incurrió en conflicto de intereses por utilizar su cargo para beneficiarse. Como funcionario emitió suspensiones y revocaciones de permisos de construcción a los propietarios de un edificio donde él es dueño de un departamento.
La historia es la siguiente: en 2013, Gustavo García Arias aún no era funcionario en Miguel Hidalgo y adquirió un departamento en Lago Zurich 243. Una zona fifí conocida como nuevo Polanco. Tiempo después organizó y representó a un grupo de vecinos para inconformarse por supuestos defectos en las viviendas.
Pedían el reembolso de más de 540 millones de pesos, pero perdieron la demanda. En 2018, García Arias fue nombrado director Ejecutivo Jurídico por Romo, y dos meses después ordenó la suspensión de la obra y la revocación de la manifestación de construcción para la inmobiliaria Grupo Lar. Él mismo firmó los documentos, y se convirtió en juez y parte.
Pero hay más. La inmobiliaria pidió al entonces director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Hegel Cortés, que observara el conflicto de intereses, quien lo rechazó con el argumento de que no había tal. Ahora, quedó firme el fallo del Tribunal de Justicia Administrativa, y el Órgano Interno de Control de Miguel Hidalgo tendrá que resolver la sanción administrativa contra García Arias y, en su caso, dar vista a la Fiscalía local para determinar si existe una responsabilidad penal.
POR ALEJANDRO CACHO
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