En México, la política energética es política fiscal. La relación que tiene el Estado mexicano con los hidrocarburos y la electricidad es muy intensa, pues recibe y gasta muchos recursos en este sector. En el Paquete Fiscal para 2023 se vislumbra un escenario más bien optimista e inercial en el sector energético.
La estimación de producción petrolera para el año entrante es de 1.83 millones de barriles diarios. Actualmente se producen 1.62 millones, de acuerdo con las cifras oficiales de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. No hay nada que nos indique que la producción de crudo pueda crecer 13 por ciento en un año.
En materia de ingresos, el gobierno se plantea obtener y gastar un total de 8.3 billones de pesos. De éstos, poco más de 20 por ciento vendrá del sector energético: los ingresos propios de Pemex serán 826 mil millones de pesos (mmdp) y los de la CFE serán casi 400 mmdp. Por su parte, el gobierno federal obtendrá cerca de medio billón de pesos procedentes del Fondo Mexicano del Petróleo.
Respecto a los gastos, Pemex y la CFE tendrán 678 mmdp y 439 mmdp respectivamente, lo que suma más de 13 por ciento del presupuesto total. Ahora bien, las dos empresas estatales van a efectuar casi la mitad de la inversión pública que se espera realizar en 2023: Pemex recibirá más de 400 mmdp para proyectos de hidrocarburos, unos 25 mmdp para las refinerías que ya operan y otros 47 mil 500 mdp para continuar con la construcción de la refinería en Dos Bocas. Por su parte, la CFE tendrá un presupuesto de inversión de un poco más de 50 mmdp.
Con estos números, es claro que la prioridad de la inversión está en Pemex. Queda por verse el comportamiento del precio del crudo y si eso implica que se requieran más estímulos al impuesto sobre los combustibles, lo que sería un costo elevado para las finanzas públicas y este año le ha restado muchos recursos al gobierno. Depender tanto de un producto con tanta volatilidad nunca será buena idea.
Seguirá pendiente en el presupuesto, a ver hasta cuándo, un programa serio de expansión y la modernización de las redes de transmisión y distribución eléctrica que son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad y más recursos para energías renovables. Por eso conviene permitir más inversión privada en la generación: se podría avanzar en la diversificación y transición del sector hacia una menor huella de carbono.
POR JESÚS CARRILLO
DIRECTOR DE ECONOMÍA SOSTENIBLE DEL IMCO
@JESUSSCARRILLO
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