Con cada vez mayor frecuencia evidenciamos una realidad esquizofrénica en la lucha contra el cambio climático. Tomemos como ejemplo lo que sucede en Europa. Mientras la semana pasada la Comisión Europea acordaba que, a partir del 2035, las ventas de vehículos nuevos serían cero emisiones y que, desde el 2027 en su mercado de carbono, aumentarían los costos a los combustibles fósiles en el transporte y edificaciones, Alemania y Francia anunciaban la reapertura de plantas de generación de electricidad con base en carbón. En el caso alemán, esta fue su respuesta a la restricciones de exportaciones rusas de gas, de las que dependen; en el francés, a las dificultades que enfrentan sus plantas de energía nuclear, que son la fuente más importante de electricidad.
Otros ejemplos de este contexto contradictorio surgen en el ámbito legal. Por un lado, y según el Grantham Research Institute, desde 2015 se ha duplicado el número de litigios que se usan como instrumentos para obligar a los países a cumplir con sus compromisos climáticos. Muchos de los dos mil litigios hoy registrados se emprenden contra empresas, tanto del sector energético como del agrícola, financiero, de transporte y de plásticos. En ese sentido apunta la decisión de la Security Exchange Comission (SEC), encargada de mantener la integridad de los mercados bursátiles exigiendo información financiera a las empresas estadounidenses, de exigir a estas empresas a que reporten sus riesgos climáticos. Por otro lado, la Suprema Corte de los Estados Unidos acaba de fallar contra la autoridad de la Agencia de Protección Ambiental para obligar a plantas generadoras de electricidad a base de carbón a que transiten al uso de energías limpias, lo que representó un duro golpe a la meta de Biden de reducir a la mitad las emisiones de carbono de su país en el 2050.
Sin duda, esta realidad esquizofrénica es reflejo de la lucha de poder entre aquellos que impulsan un futuro viable y sustentable para la humanidad y quienes representan el statu quo, defendiendo intereses de la industria de energías fósiles a costa del bien público. Además de poner en evidencia nuestra dependencia frente a los combustibles fósiles, la guerra en Ucrania ha desatado una triple crisis, energética, alimentaria y financiera, que está ensanchando la desigualdad entre los países desarrollados y los más pobres y poniendo en riesgo la paz y la seguridad mundiales. Por ello, las inversiones en las energías renovables son necesarias no sólo para reducir las emisiones de carbono, sino para reducir la volatilidad de los precios energéticos y sus terribles consecuencias para la estabilidad global. Esta encrucijada histórica exige líderes que antepongan una visión de futuro a sus ganancias políticas de corto plazo. De este liderazgo depende no la supervivencia planetaria sino de la humanidad.
PAL