Con motivo de la polémica sobre Política Energética que han planteado Estados Unidos y Canadá, vale la pena reflexionar sobre el contenido de nuestra Constitución y los objetivos de la misma, pues existe —desde hace ya muchos años— confusiones entre el Liberalismo —impuesto en el nuevo orden mundial— y los principios fundamentales que dieron origen a la construcción de un Estado Social de Derecho.
La primera premisa sobre la que debemos partir es que, a pesar de la cercanía histórica entre la revolución rusa y la mexicana, nuestro país nunca ha pretendido aplicar el socialismo marxista. No obstante, la Carta Magna aportó una visión moderna y diferente sobre el papel del Estado y la Política Social, que permitió una visión avanzada del Capitalismo Social en nuestro país, cuyo éxito fue manifiesto en el llamado “Milagro Mexicano”.
El Constitucionalismo mexicano definió un Estado fuerte y nacionalista, con objetivos de distribución de la riqueza, e inscribió preceptos en nuestra Carta Magna, como la concepción de la propiedad privada sujeta a las modalidades del interés público y la interpretación sobre lo que significan los monopolios del Estado.
Para México los motores del desarrollo fueron la propiedad, no sólo la rectoría económica del petróleo y la electricidad. Por eso, nuestra ley fundamental, en su artículo 28, señala que no constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza como correos, telégrafos, radiotelegrafía, minerales radiactivos, energía nuclear, sistema eléctrico nacional, energía eléctrica, acuñación de moneda, emisión de billetes, entre otras.
A pesar de lo anterior, a partir del asesinato de Salvador Allende y la imposición de la dictadura de Pinochet, América Latina dio un giro a su política económica dándole mayor prevalencia al Mercado que al Estado; sobre estas bases se firmaron los Tratados de Libre Comercio.
El tema nos obliga a reflexionar la necesidad de definir cuál es la posición que el Estado mexicano debe adoptar, ya sea como un Estado Social de Derecho o como un Estado Liberal y Democrático.
Mientras no dilucidemos en la política pública esta necesaria definición, continuaremos en la confusión ideológica en la que hoy estamos sumidos.
Este diferendo sobre la política energética, requiere tomar las definiciones a que haya lugar, aún cuando bien sabemos que no podemos revertir a plenitud el neoliberalismo, sí podemos crear un Estado cuya soberanía se respete sobre su política energética.
Los vericuetos jurídicos a los que se someterán los negociadores de este tema pueden tener muy diversas interpretaciones técnicas, pero, para México, es tiempo de definiciones.
El dilema no es fácil, pues el mundo occidental está dominado por las empresas privadas y el mercado, aun cuando –también habrá que reconocer— que el modelo está agotado y esto explica los triunfos electorales de la izquierda en América Latina, como en Perú, Argentina, recientemente en Colombia y próximamente Lula Da Silva volverá al poder en el Brasil.
La visión de las masas populares y la necesidad urgente de mayor Justicia Social no pueden ser hechas a un lado, pues, al final del camino, lo que importa es el beneficio social, económico y cultural de la humanidad.
POR ALFREDO RIOS CAMARENA
CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM
PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)
VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA
MAAZ
