Hace unos días un grupo de personas armadas interceptó al equipo de medios que daba seguimiento a la gira que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, realizó por Sinaloa. El vehículo fue detenido en un retén colocado en la carretera Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, en donde el grupo armado cuestionó los motivos de su recorrido por la zona para después dejarlos continuar su camino.
Al respecto, el presidente López Obrador no dudó en minimizar el asunto, asegurando que este fenómeno ocurre en otras partes del país como una forma de seguridad regional, en tanto que propuso cambiar el nombre a la región del “triángulo dorado” que hace referencia a la plantación de marihuana y amapola por el de “la gente buena y trabajadora”.
Por si fuera poco, el gobernador de la entidad, Rubén Rocha, en una “suspicacia” comentó que el expresidente Felipe Calderón, junto con su Secretario de Seguridad, podrían haber ordenado colocar el retén con el fin de arruinarle en medios nacionales la visita del presidente al estado. Tanto el presidente como el gobernador normalizaron la situación como si se tratara de algo aceptable y rutinario.
Penosamente, se trata de la claudicación por parte del Estado ante la injerencia profunda del crimen organizado en la cotidianeidad de las operaciones civiles y de seguridad social en la entidad. Es el reconocimiento del incumplimiento de la obligación constitucional del gobierno a proporcionar seguridad a la población. Se normaliza en lo discursivo y en lo práctico que personas con indumentaria y armamento militar detengan a discreción el libre paso en las vías de comunicación del país.
Se trata de un fenómeno que se replica en Nayarit, Michoacán, Veracruz, Guerrero, Guanajuato, Zacatecas, entre otras entidades, que van dejando tras de sí no sólo los estragos de una violencia descontrolada sino de una impunidad que rebasa cifras récord y pone en duda seria la gobernabilidad en este país. En territorio en el que no se puede acceder libremente, donde se tiene que rendirle cuentas al crimen organizado, no se puede garantizar a la población el acceso de bienes y servicios gubernamentales.
Resulta inverosímil como se ha ido construyendo desde el gobierno federal y sucesivamente desde los estados y municipios, una narrativa que tolera, protege y arropa a los grupos del crimen organizado. Se abusa de la inteligencia de la gente al referirse a quienes violentan la ley y a la sociedad como “malcriados” a quienes se les tiene que acusar con sus padres y abuelos. La estrategia “abrazos no balazos” ha dejado más de 120 mil homicidios dolosos, que por más que se quiera culpar a administraciones pasadas, llevan el sello “transformador” de la 4T.
Históricamente hemos visto cómo de forma sistemática se ha negado la violencia, sin embargo, cada vez se ha vuelto más difícil ocultarla, no porque no se desee sino porque la población ha decidido alzar la voz y participar activamente, evidenciando a un gobierno que la ostenta y la promueve a partir de un discurso tibio, permisivo y ramplón en contra de quien la comete.
Ciertamente dudo que las autoridades, más las de esta administración federal, hayan “pactado” directamente con el crimen organizado, pero el no reconocer su voracidad, su capacidad de acción social, económica y política han demostrado no ser efectivas como una “estrategia” para disminuir la criminalidad ni la violencia que nos consume como país.
POR AZUL ETCHEVERRY
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MAAZ