Durante los últimos 30 años, las instituciones electorales mexicanas han desempeñado un papel fundamental para transitar al momento de regularidad democrática que hoy vive nuestro país, lo que no sólo se confirma con la celebración periódica de elecciones, sino con la búsqueda de mayor eficiencia y eficacia a través de la instrumentación de mecanismos de innovación electoral en las diversas fases de los procesos electivos.
En los hechos, la tecnología ha sido una importante aliada de los sistemas electorales en el mundo democrático contemporáneo, y México no es la excepción, pues hay innumerables innovaciones que se han puesto al servicio de la ciudadanía desde el terreno electoral: el PREP, o los conteos rápidos, los sistemas de cómputos y los sistemas de capacitación virtual son ejemplo de ello.
Una de las innovaciones en materia electoral con mayor impacto en el debate social es el voto electrónico, (urnas electrónicas o vía remota por internet), y esto puede comprobarse porque en las diversas iniciativas de reforma político-electoral presentadas este año por las principales fuerzas políticas nacionales, se advierte que el voto electrónico es uno de los temas centrales, y toca transversalmente cuestiones como ahorro de recursos, eficiencia en los cómputos, niveles de confianza y certeza, seguridad, alfabetización digital, etcétera.
Pero antes de pensar en la transición de la casilla tradicional hacia un modelo de voto electrónico, deben analizarse las implicaciones que conlleva, además de que debe ser un proceso paulatino ya que implica una importante inversión de Estado no sólo en términos de recursos sino de capacitación, alfabetización y generación de confianza. No hay que olvidar que las elecciones que se viven en nuestro país -y la confianza en torno a ellas- son el producto de luchas sociales gracias a las cuales transitamos de elecciones de Estado a comicios eminentemente ciudadanos. Todo ello desemboca en una gran jornada cívica que involucra a un cúmulo importante de personas entre votantes, funcionarias de mesa directiva de casilla, representantes de partidos políticos, observadoras electorales o capacitadoras, entre otras, que durante 30 años se han apropiado de las elecciones, partiendo de que la casilla es un espacio controlado y seguro que permiten la expresión ciudadana libre de coacción en el momento de votar.
Sin embargo, no podemos ignorar que el voto electrónico presenta algunas ventajas importantes, por ejemplo, que el escrutinio y cómputo serían procesos mucho más eficientes e inmediatos. En la casilla tradicional, una vez finalizada la votación comienza una labor compleja en la que las personas funcionarias cuentan los votos, esta acción demanda tiempo y esfuerzo luego del cierre de la casilla, aunado a las complicaciones inherentes a la clasificación de los votos, resultado de las coaliciones y candidaturas comunes, llenado de las actas, etcétera. La urna electrónica y el voto por internet tienen el potencial de simplificar esta labor, pero antes de transitar hacia allá, debe regularse en la ley la forma en que paulatinamente el uso de las tecnologías facilitará el trabajo. Partiendo de la posibilidad de modificar el paradigma electoral que hoy se vive, no hay que olvidar que la urna electrónica, plantea un costo de inversión significativo para el Estado Mexicano. De diversas investigaciones de mercado que se han realizado, se advierte que el precio promedio de una urna electrónica oscila en los 73 mil y los 209 mil pesos, de acuerdo con la última licitación pública realizada. Aunque el INE ha celebrado en más de una ocasión pruebas piloto vinculantes, como las que se vivieron el pasado 5 de junio en Aguascalientes o Tamaulipas, el sólo hecho de implementar para elecciones federales urnas electrónicas para las más de 160 mil casillas que se instalan en el territorio nacional, implicaría una inversión equiparable al presupuesto base del INE durante este año.
Adicionalmente, se deben valorar las experiencias de casos nacionales e internacionales en los que no se ha contado con boletas de papel para medir los recuentos (Georgia 2020); o fallas en las tarjetas de memoria (Carolina del Sur 2010-2018). Incluso en la Ciudad de México, en el ejercicio de presupuesto participativo 2020, se realizó una prueba de votación electrónica con tablets en dos alcaldías, en las que a causa de diversas fallas en el propio sistema de votación electrónica (conectividad, errores de programación, demoras en la aplicación del plan de contingencia), se determinó la nulidad del proceso, y consecuentemente hubo que repetir la elección en 30 unidades territoriales con el mecanismo tradicional de votación.
En lo relativo al voto remoto por internet, aunque el INE lo ha implementado en tres elecciones de voto desde el extranjero, utilizarlo como único método en el territorio nacional puede llegar a ser apresurado si no se cumple con estándares internacionales, especialmente los de seguridad y legitimidad. Entre los argumentos existentes, hay quienes sostienen que es el paso a la modernización, incluso al ahorro de recursos o que apelan a una mayor participación. Dichas premisas deben tomarse con reserva y de manera mesurada. No hay que soslayar que, en México, de acuerdo con el INEGI, la población usuaria de internet es de 84.1 millones (78.3% de conectividad en áreas urbanas y 50.4% de cobertura en el área rural) y para implementar el voto por internet en territorio nacional, es necesario que haya cobertura y conectividad. Además, el sistema de votación por internet con el que se cuenta actualmente no es de desarrollo propio, por lo que tendría que valorarse la posibilidad de que el INE creara su sistema, lo que desde luego implicaría una importante inversión por parte de la autoridad electoral. Finalmente, respecto al aumento de la participación, ni en casos como Estonia en los que hay una mayor tradición de voto por internet, se ha logrado una mayor participación sólo por el hecho de contar con un sistema remoto de votación.
El voto electrónico es una innovación que ha superado diversas pruebas, sin embargo, es necesario contar con el tiempo suficiente para familiarizar a la ciudadanía con sus beneficios y así, dotar de confianza a un nuevo modelo de votación. No se debe sacrificar la innovación para ahorrar recursos, pero tampoco se debe cambiar abruptamente hacia el voto electrónico desconociendo lo que hemos logrado hasta ahora. Mientras ocurre la transición tecnológica, sigamos aplicando la fórmula confiable que elección tras elección nos da altísimos niveles de confianza: la casilla.
DANIA RAVEL
CONSEJERA ELECTORAL
@DANIARAVEL
SSB