Los países de Las Américas han mantenido una relación compleja con la democracia representativa como forma de gobierno. Durante todo el siglo pasado se produjeron más de ciento ochenta golpes de estado en los países de la región aunque, como señala Jean Michel Arregui, en lo que va del presente siglo, solamente han ocurrido tres. https://www.corteidh.or.cr/tablas/r33065.pdf
La nueva modalidad de escamotear la democracia no han sido los típicos golpes de estado encabezados por un grupo de militares. En este siglo la moda ha sido que gobernantes legítimamente electos recurran a diversos artilugios para hacerse del poder en forma permanente, como lo muestran los casos de Ortega en Nicaragua y de Maduro en Venezuela.
Los métodos preferidos han sido la persecución y encarcelamiento de los líderes opositores, la eliminación del Congreso, el sometimiento del poder judicial, el ataque sistemático a la prensa y a la libertad de expresión, y la celebración de elecciones fraudulentas y sin opositores. Cambian las modalidades, pero la tentación autoritaria en muchos países de la región sigue ahí. De hecho, hoy presenciamos en todo el mundo un auge de gobiernos autocráticos que, no obstante su desprecio por la ley, el estado de derecho, la libertad de expresión, los derechos humanos y las elecciones libres, les encanta autodefinirse como “democráticos”. Alguna magia tiene este vocablo, como decía mi profesor Giovanni Sartori, porque aún a las dictaduras más oprobiosas, les gusta presentarse como “democráticas”, aunque le añadan el adjetivo de populares o participativas.
Paradójicamente, las Américas son una región del mundo que ha hecho de la democracia un valor fundamental. La defensa de la democracia está inscrita en numerosos documentos adoptados por la Organización de Estados Americanos (OEA) desde su origen, y aún antes, en la Conferencia de Chapultepec, celebrada en México tres años antes. La Carta de la OEA, aprobada en Bogotá en mayo de 1948, contiene una referencia explícita a la democracia representativa. Su artículo 3, referido a los principios básicos de la Organización, señala en su inciso d, que “La solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa.” La Carta de las Naciones Unidas, que contiene varias disposiciones para la promoción y defensa de los derechos humanos, no contiene una norma similar sobre la protección de la democracia.
Podría pensarse que las referencias a la democracia representativa como sistema de gobierno en la Carta de la OEA, y otras resoluciones y declaraciones adoptadas por ese organismo, fueron el resultado de una presión política ejercida por Estados Unidos sobre los países latinoamericanos, y que nuestro vecino del norte ha utilizado a placer este argumento como un instrumento para intervenir en los asuntos internos de los países de la región. Esto es parcialmente cierto, pero no es ni con mucho toda la verdad. Estados Unidos sí intervino en Guatemala en 1954 argumentando que el régimen de Arbenz no era democrático. También combatió al régimen de Castro, hasta lograr su suspensión de la OEA, haciendo un uso totalmente ilegal e inadecuado del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR). En cambio, guardó silencio, y en ocasiones alentó la formación de gobiernos militares, siempre y cuando se alinearan con sus posiciones en el marco de la guerra fría.
Pero hay otra cara de la verdad que no debe ser ignorada. A mediados de los años ochenta del siglo pasado, con la terminación de los gobiernos militares que habían imperado en América Latina durante casi tres décadas, los nuevos gobiernos democráticos se convirtieron en los más activos promotores y defensores de la democracia. La ola democratizadora de esos años encontró expresión en la ONU, la OEA, y en los foros subregionales. Fueron los nuevos gobiernos civiles, legítimamente electos por sus pueblos, quienes promovieron activamente las resoluciones y protocolos para hacer una defensa colectiva de la democracia representativa.
Así, en 1985 la OEA adoptó el Protocolo de Cartagena para enmendar su Carta constitutiva, e incluir entre sus propósitos esenciales “Promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención”. Pero más significativa fue la adopción de la Resolución 1080, aprobada en 1991, que por primera vez fijó un procedimiento para defender la democracia representativa en los países de la región en casos de golpes de estado, a través de la convocatoria de reuniones urgentes de Ministros de Relaciones Exteriores para examinar colectivamente la situación y adoptar las decisiones que se consideraran adecuadas conforme a la Carta y el derecho internacional. Esta resolución se convertiría un año después, en 1992, en un nuevo protocolo de enmienda a la misma Carta de la OEA.
La tendencia continuó en los foros subregionales. MERCOSUR, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, adoptó una “Cláusula democrática” en 1996. Y lo mismo haría la Unión de naciones del Sur (UNASUR) en 2010. En ambas cláusulas se prevé la suspensión de un estado miembro cuando sea producto de un golpe de estado, o de elecciones fraudulentas. Con base en esta cláusula, MERCOSUR suspendió a Venezuela como miembro de esta organización en 2017. Por su parte, el Sistema de Integración Centroamericana (SICA) aprobó en 1995 el “Tratado Marco de Seguridad en Centroamérica”, que contiene una serie de disposiciones para promover la democracia entre sus estados miembros.
¿Porqué fueron los gobiernos latinoamericanos los que impulsaron este tipo de normas? Por interés propio. Buscaban una especie de “seguro Internacional” a la continuación de sus procesos democráticos. Querían asegurarse que los otros gobiernos se solidarizarían con ellos en caso de graves dificultades internas. Querían estar seguros que si eran objeto de un intento de golpe de estado, la comunidad americana no reconocería a los golpistas y los aislarían. Y así ocurrió en el caso del derrocamiento del Presidente Aristide en Haití en 1996.
Con un claro consenso hemisférico, la Tercera Cumbre de las Américas, celebrada en Quebec en 2001, aprobó una resolución que subraya que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático de un estado del Hemisferio, constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho estado en el proceso de Cumbres de Las Américas”. En la misma Cumbre los Jefes de estado y de gobierno instruyeron a sus embajadores en la OEA a que elaboraran una Carta Democrática Interamericana, en que se detallaran los procedimientos para promover la defensa de la democracia representativa en la región, la que fue aprobada el 11 de septiembre de 2001. De hecho, la primera vez que la Carta Democrática Interamericana fue invocada fue para defender al Presidente Chávez de Venezuela ante un intento de golpe de estado en abril de 2002.
Conviene recordar esta historia ahora que se acerca la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles, California, y tendrá como anfitrión al Presidente Biden. Cuba fue excluida de participar en la Cumbre de las Américas desde 1994 hasta 2015, en la Cumbre de Panamá, como reflejo del descongelamiento de la relación con Estados Unidos en la era de Obama. También estuvo presente en la VIII Cumbre celebrada en Perú hace cuatro años. En cambio, el régimen de Maduro fue excluido. Con estos antecedentes, y el nuevo giro del mundo a raíz de la guerra en Ucrania, creo que es difícil que Estados Unidos invite a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de Los Ángeles, que se celebrará del 6 al 10 de junio próximo. A Biden le representaría un enorme costo político interno frente a las elecciones de noviembre próximo.
POR MIGUEL RUIZ CABAÑAS IZQUIERDO
PROFESOR Y DIRECTOR DE LA INICIATIVA SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY
MIGUEL.RUIZCABANAS@TEC.MX
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