Ni hay déficit de médicos especialistas mexicanos ni los médicos cubanos han demostrado su capacidad y/o certificación. Es más, estos últimos son explotados por parte del gobierno de la isla, y si nos atenemos a su actuación durante la pandemia de COVID-19 en México, dejan mucho que desear frente a médicos mexicanos que fueron contratados, y 24/7 estuvieron trabajando en la primera línea para combatir lo que era en ese entonces, un desconocido virus.
Desafortunadamente y pese a su entrega total para estar en el frente del combate en contra del coronavirus, dichos médicos fueron despedidos sin mayor explicación y antes, se les retuvieron sus pagos y fueron objeto de una serie de arbitrariedades, por parte de la secretaría de Salud, que nunca supo cómo manejar esta pandemia.
El reclamo por parte de personal médico de nuestro país, fue justo, no sólo para que se les retribuyera su labor en tiempo y forma, sino también para que no se les subestimara y se les sustituyera por los cubanos.
Después, en el marco de la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Centroamérica, vino la firma de un convenio con el gobierno de Miguel Díaz-Canel, para contratar a más de 500 médicos de esa nación, para trabajar en México.
Y el problema es que la medida de traer a médicos cubanos, no funcionará y menos cuando la actual administración previamente desmanteló lo que era el Seguro Popular, sólo por una cuestión política.
Luego con premura, se trató de implementar el Instituto de Salud y Bienestar, (Insabi), el primer día del año 2020, en plena pandemia, para supuestamente alcanzar un nivel de salud de países como Dinamarca.
Pero lo único que demostró el Insabi fue su fracaso ya que no pudo con la tarea de llevar servicios de salud y medicamentos gratuitos a la población sin seguridad social, y ahora apunta hacia el IMSS-Bienestar; pero si el instituto, que encabeza Zoé Robledo, no puede con los derechohabientes y prevalece un subejercicio de recursos, menos podrá prestar atención a otros sectores con los que se ha inflado a dicha dependencia.
Otra parte también muy preocupante del convenio firmado en Cuba, es lo referente a la adquisición de vacunas contra el COVID-19 para niñas y niños mayores de dos años.
Se trata de la vacuna Abdalá, que no está certificada científicamente; no cuenta con el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, (OMS); ni siquiera la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ha autorizado el uso pediátrico del biológico y aún así el gobierno mexicano la utilizará para inmunizar a alrededor de 11 millones de niños y niñas que, que vistas así las cosas, sólo servirán de conejillos de indias porque el tema se ha politizado.
La polémica sobre la eficacia, seguridad y calidad de la vacuna cubana está en la mesa.
POR ADRIANA MORENO CORDERO
COLABORADORA
MORCORA@GMAIL.COM
MAAZ