CLARABOYA

Ecos de la militarización

De acuerdo con del CIDE, detectó que durante los últimos 15 años alrededor de 246 funciones ejercidas por agencias civiles del Estado han pasado a la administración militar

OPINIÓN

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Azul Etcheverry / Claraboya / Opinión El Heraldo de MéxicoCréditos: Especial

En días recientes el Grupo interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), instalado entre el Gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya función es la de proporcionar asistencia técnica en la investigación sobre la desaparición de los 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa hace 90 meses, presentó su tercer informe en el que, entre sus hallazgos, hicieron público un video captado por la Secretaría de Marina, en el que se muestra a elementos manipulando zonas presuntamente clave para la investigación, además de haber ocultado información clave del caso durante estos años.

Más allá de que este informe pone en entredicho la llamada “verdad histórica” con la que autoridades de la administración pasada buscaron dar “carpetazo” a esta tragedia y la lucha incesante de familiares y organizaciones de la sociedad civil a lo largo de los años, nos demuestra la existencia de investigaciones alternas realizadas por las fuerzas armadas que no se han compartido hasta el día de hoy, que se han presentado solicitudes de información reiteradas a estas fuerzas del Estado desde la actual administración federal, incluso a orden expresa del presidente, que no han sido cumplidas y que la impartición de justicia no ha sido equitativa dentro de sus filas en esta y en la administración anterior.

Es irónico ver como tan pronto se presentaron los avances en la investigación del GIEI, el presidente Andrés Manuel López Obrador salió en defensa del actual Secretario de Marina, José Ojeda, cuya declaración no será requerida a pesar de que durante los acontecimientos se desempeñaba como Comandante de la Octava Región Naval en Acapulco. El pacto de impunidad en los altos niveles de la política, ese que tanto se critica en el discurso, en la práctica ocurre a expensas de la esperanza de las familias que siguen luchando por esclarecer lo ocurrido en 2014.

Más allá de que las investigaciones están determinando las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de la masacre, aún falta mucho por esclarecer incluyendo todos esos cabos sueltos que actualmente siguen entorpeciendo la investigación y persecución de responsables. Las fuerzas armadas nunca han estado sujetas a las disposiciones y solicitudes de información pública, que demuestra que ni considerando la legitimidad democrática ni el poder político que actualmente recae sobre el presidente, las fuerzas castrenses no responden a una autoridad civil.

Lo anterior se vuelve particularmente alarmante dadas las condiciones y privilegios que se le han otorgado durante este sexenio más allá de las relacionadas con la disciplina militar. De acuerdo con datos del Programa de Política de Drogas del CIDE, detectó que durante los últimos 15 años alrededor de 246 funciones ejercidas por agencias civiles del Estado han pasado a la administración militar, con el mayor número durante el presente sexenio.

No sólo eso, dichas tareas se adjudicaron basándose en la política en contra de la corrupción e impunidad que abandera la 4T, no obstante, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades millonarias en la construcción de obras principales públicas bajo su encargo y la reserva de información y presupuestos por considerarse de características de “seguridad nacional”.

Nos encontramos en un proceso de militarización de la vida pública del país, el discurso de apoyo en las tareas civiles con la ayuda de un “pueblo uniformado” queda en evidencia ante la opacidad, discrecionalidad y la falta de rendición de cuentas frente a una sociedad desgarrada por la violencia e impunidad rampante. 

POR AZUL ETCHEVERRY
AETCHEVERRYARANDA@GMAIL.COM 

@AZULETCHEVERRY

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