Con miles de millones de pesos invertidos y afectaciones ambientales en Veracruz, la ampliación del puerto se ha convertido en una sucia herencia que dejó Enrique Peña Nieto y no se ve un atisbo de optimismo.
Catalogado como el proyecto de infraestructura portuaria más importante de los últimos 50 años, contemplaba una inversión de 70 mil millones de la SICT, Administración Portuaria Integral de Veracruz y sector privado. Y se tenía previsto que concluyera desde 2018, con 35 muelles.
Hoy sabemos, por la reciente resolución de la SCJN, que la ejecución de los trabajos del supuesto programa de rescate, obras de protección de arrecifes, caminos de acceso y explanada, hasta la construcción de rompeolas y saneamiento de los afluentes, no garantizaban la debida protección del ambiente. La Primera Sala determinó que las autoridades responsables no evaluaron el proyecto de ampliación de forma correcta, por lo que se vulneró su derecho a un medio ambiente sano.
Fueron dos mujeres las que promovieron un amparo directo, reclamando omisiones y acciones que perjudicaban a toda una colectividad. Así se llegó a la conclusión que, efectivamente, se verificaron de forma fragmentada los impactos ambientales, sobre todo que “no atendieron a la mejor información científica disponible”. Las autoridades federales dieron contratos para estudios y manifestaciones de impacto ambiental, análisis de factibilidad del proyecto y hasta asesoría a empresas como Solar Ingeniería y Tradeco Infraestructura, esta última con obras en dependencias federales y estados como Michoacán, Sonora, Campeche, Chihuahua y Guanajuato.
Como botón de muestra, en 2014, el gobierno gastó más de ocho millones de pesos en asesorías, cursos y actividades de relaciones públicas como parte de la ampliación. Los contratos, obtenidos vía transparencia, se entregaron a particulares e instituciones como la Universidad Veracruzana para dar cursos a palaperos y pescadores del puerto de Veracruz sobre “buceo, fotografía submarina y manejo de maquinaria pesada”; así como “presentaciones audiovisuales de aspectos ambientales”.
Dentro de las contrataciones, se pagaron 31 millones de pesos para el sistema de protección de arrecifes a base de mallas fijas, que serviría para evitar la dispersión de sedimentos durante la ejecución de las obras en la primera etapa. Y destinaron 38 millones de pesos para un camino de acceso y una explanada para almacenaje de materiales.
Ahora, tras la sentencia de la SCJN, se deberá examinar de manera integral el proyecto relativo a la ampliación, considerando la totalidad de arrecifes y humedales que se encuentran en la zona de influencia. Lo que también debería ponerse bajo lupa es la entrega de contratos millonarios a empresas consentidas en el gobierno anterior.
“Cuando el género suena cambios trae”: Alda Facio.
POR NALDY RODRÍGUEZ
COMISIONADA PRESIDENTA DEL INSTITUTO VERACRUZANO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
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