En la industria aseguradora no dejó buen sabor de boca cómo se licitaron las pólizas de daños y la eventualidad de interrupción de actividades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que está a días de iniciar operaciones.
Como es público, las autoridades federales entregaron el contrato que protege al AIFA a Grupo Mexicano de Seguros (GMX) con un costo de 161.5 millones de pesos. Curiosamente GMX es la misma firma que lleva el riesgo del Sistema Colectivo de Transporte Metro, y que ha estado en el expediente del derrumbe de una parte de la Línea 12.
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La cobertura del seguro contratado incluye riesgos como incendios, inundaciones, terremotos, erupciones volcánicas, terrorismo, sabotaje e incluso robo de vehículos entre otros eventos. El caso es que desde el arranque de la construcción de la nueva terminal aérea ubicada en Santa Lucía, Estado de México, causó extrañeza que no se contratara ninguna póliza, lo que no suele ocurrir con obras públicas de gran magnitud.
En el sector asegurador causó sorpresa en la licitación del AIFA una serie de condicionantes que hacen pensar en un concurso con dedicatoria, como fue incluir una póliza de errores y omisiones por 50 millones de dólares que no tienen todos los intermediarios.
También se pidió a las empresas interesadas haber intermediado primas netas en 2021 en riesgos de tipo aeroportuario por 120 millones de pesos. Ya en la recta final sólo quedó GMX aunque había al menos tres aseguradoras que por capital y experiencia en el tema del seguro y el reaseguro habrían licitado, pero al conocerse las condicionantes no pudieron participar.
Se trata de una póliza por un año donde el contrato se dividió en dos partes, una destinada a los daños en las instalaciones, y otra por la responsabilidad civil general que protege los activos, tanto de los propietarios, como de los usuarios de la terminal aérea.
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La pregunta que hacen las aseguradoras es si esa misma mecánica para licitar se replicará en la contratación de pólizas de daños de la Refinería de Dos Bocas o el Tren Maya.
LA RUTA DEL DINERO
Como se sabe, hoy termina en San Lázaro el Parlamento Abierto para discutir la Reforma Eléctrica enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se trató de un ejercicio que en muchos momentos se convirtió en un diálogo de sordos, donde de parte de los legisladores privó el discurso ideológico. En ese contexto llamó la atención que las empresas decidieron abstenerse de participar, y aprovecharon la representatividad de cámaras y asociaciones que fueron muy claras al decir que si quieren debatir los contratos de cada empresa el camino no es una Reforma Constitucional. Añadieron que si lo que estará a debate en el Congreso es mejorar el sistema eléctrico nacional entonces deben hacerse propuestas integrales donde gobierno, empresas y expertos favorezcan los aspectos técnicos, y no los políticos.
POR ROGELIO VARELA
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