No es aceptable que el gobierno desaparezca o absorba diversos órganos de la administración pública federal bajo el pretexto de aplicar la austeridad. Esto sobre todo cuando las partidas y los números en el presupuesto federal señalan que la austeridad no se aplica cuando se trata de disminuir esquemas, programas y proyectos, que si bien son los consentidos de la Cuarta Transformación, nada aportan al desarrollo nacional.
La iniciativa de López Obrador para fusionar con dependencias administrativas 16 órganos desconcentrados y, en ello, también desaparecer la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (la Plataforma Digital Nacional y la Política Nacional Anticorrupción junto con esta) se traducirá en dar por anulada la autonomía de cada uno de ellos. Esto llevará a su vez a sentar las bases para una nueva faceta del ejercicio de la corrupción en México; una más acorde a los intereses de la presente administración.
La absorción de dicha Secretaría Ejecutiva, central al funcionamiento del SNA, va contra las mejores prácticas internacionales en el combate a la corrupción. La OCDE las enlista claramente: mandato, responsabilidades y funciones claras; especialización, independencia y autonomía; transparencia y rendición de cuentas; presupuesto suficiente y recursos adecuados para realizar su labor.
Lentamente el régimen está anulando la posibilidad de contar con autoridades autónomas, eficaces y capaces tendientes a la rendición de cuentas en México; con el ejercicio en funciones de titulares nombrados no únicamente porque tienen ‘buen corazón’, sino porque saben detectar, investigar y sancionar cualquier tipo de corrupción. El pronóstico es que la impunidad campeará sobre los consentidos del régimen y cualquier acto de corrupción será obviado en las instituciones otrora autónomas.
Quizá la maniobra gubernamental más evidente sea la que concierne al órgano electoral constitucional. La propuesta que Morena plantea no es nueva, así funcionaban la organización y calificación de las elecciones hasta el 88. Los procesos comiciales se validaban desde las oficinas de Bucareli.
Pero lo mismo sucederá con los demás órganos sobre quienes pende la guillotina cuatroteísta, máxime al no tener rango de autonomía constitucional; se manejarán desde el aparato gubernamental, y no vigilarán, investigarán ni auditarán a la nueva clase política emanada de la 4T. Eso se llama establecer los basamentos de una corrupción a modo que será tolerada a partir De ahora.
Lo anterior tiene además otra vertiente: si se puede engullir instituciones con el fin de evitar la rendición de cuentas, se dinamita la democracia, se debilita a la oposición política y dentro de poco tendremos una fuerza partidista tan longeva como su antecesora priista.
Estamos ante el nacimiento de la corrupción a modo. En otras palabras, se normalizará el poder fustigar y señalar desde la esfera gubernamental la corrupción de otros y de manera específica si se trata del pasado cercano, de opositores o de algún descarriado de la 4T. El tener los órganos antes mencionados capturados al interior del Estado, sin autonomía, los convierte en un látigo al servicio del poder gubernamental y accesibles a los deseos del inquilino de Palacio.
POR VERÓNICA MALO
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