Aunque la alegada intención de desaparecer al Instituto Nacional Electoral es falsa, defender a un órgano autónomo del Estado mexicano suena bien y no tengo duda de la existencia de ciudadanos de buena fe y convencidos de que la iniciativa presidencial desaprobada este 6 de diciembre pretendía desaparecer al INE, cuando la propuesta era transformarlo.
Sin embargo, en la coyuntura de la reforma constitucional propuesta por el Presidente, esa defensa enmascara en los líderes políticos intereses mucho menos estimables y mucho más pedestres.
La iniciativa de reforma constitucional en materia político-electoral desde siempre tuvo poco futuro, por más que la mayoría de sus contenidos -no todos- conllevaban reformas que, de haber sido aprobadas, habrían generado cambios trascendentales y para nada regresivos como argumenta la oposición.
El plan B morenista, ejecutado fast track tras el naufragio de la reforma constitucional, tiene contenidos contrastantes que requieren un análisis posterior. Hoy me detendré en las poderosas razones que realmente movieron a la oposición a rechazar la iniciativa constitucional, más allá de su continua descalificación a prácticamente todo lo que plantea y hace la 4T. El motivo primordial se encuentra en el financiamiento público a los partidos políticos, que para 2023 asciende a 6 mil 233 millones 510 mil pesos (en números redondos, igual que otras cifras de este texto).
Tal financiamiento lo fija la aplicación de normas contenidas en la Constitución, esto gracias a una desmesura que cometieron décadas atrás los partidos políticos, cuando aseguraron su presupuesto ahí, pues son los únicos entes públicos cuyo financiamiento está garantizado detalladamente en la carta magna.
Y en estas circunstancias, ¿qué proponía la iniciativa de AMLO? Pues nada más y nada menos que desaparecer totalmente ese financiamiento público de los partidos. Esto porque el único dinero que recibirían de las arcas nacionales sería el destinado a las campañas comiciales.
¿Cómo se sostendrían los partidos? De los recursos que obtuvieran de sus militantes y simpatizantes, lo cual habría roto con el principio de que el financiamiento público a los partidos debe prevalecer sobre el privado. Estimo inconveniente la desaparición del dinero público para actividades ordinarias partidistas, pero también creo imprescindible su reducción, a causa de los muy elevados niveles que ha alcanzado y que no se limitan al ámbito federal, porque la suma del dinero público que se entrega a partidos en los estados equivale casi a otro tanto semejante al federal. Era claro que este era uno de los temas negociables de la iniciativa presidencial.
Además de la pérdida económica que para los partidos representaba la derrotada iniciativa presidencial, se proponía una sensible reducción en el número de curules disponibles tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos estatales. Es decir, menos dinero y menos posiciones.
Era demasiado pedir.
PLUS ONLINE: La distribución de los dineros
La determinación del financiamiento público de los partidos la hace el INE, pero el Instituto sólo aplica la fórmula contenida en la Constitución:
“El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”.
Como ambos factores de cálculo (padrón y UMA) aumentan anualmente, también el financiamiento partidista se incrementa cada año. Lo mismo ocurre el año en que hay elecciones federales: el monto crece en 50% cuando hay comicios presidenciales y en 30% cuando sólo se eligen diputados federales.
El partido más votado es el que recibe mayor financiamiento público. Durante muchos años el PRI fue el más beneficiado y luego lo fue el PAN. Actualmente, el partido con mayor financiamiento es Morena, que en 2023 recibirá 1,909 millones de pesos y le siguen el PAN, con 1,151 y el PRI con 1,128 millones. Después están MC, con 614 millones, PVEM con 539, PRD con 454 y PT, con 434.
POR EDUARDO R. HUCHIM
COLABORADOR
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