El 15 de diciembre se cerró una de las páginas más negras en la historia del parlamentarismo en México. Una mayoría abusiva e irreflexiva impuso una desaseada reforma en materia electoral, cuyos objetivos claros son el desmantelamiento de nuestro máximo órgano electoral y la garantía de impunidad para cualquier persona servidora pública que, haciendo uso de recursos del Estado, promueva la imagen personalizada de funcionarios o realice actos anticipados de campaña.
Larga y estéril fue la discusión e inútiles los argumentos de una oposición avasallada, que en todo momento presentó un frente común para defender al INE. Falases y mentirosos fueron los argumentos esgrimidos por la mayoría para destruir nuestro sistema electoral. Bajo la burda retórica de la austeridad republicana, se esconde el desmantelamiento de estructuras y el artero intento de controlar las elecciones.
La democracia, en cualquier país en donde opera, conlleva costos y sacrificios, todos en aras de la garantía plena de libertades cívicas y de la organización de elecciones bajo los principios de a certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. Nuestro INE realiza funciones insustituibles: no sólo organiza elecciones, actualiza de forma permanente el padrón, expide credenciales, desarrolla campañas de promoción del voto y de la democracia, implementa sistemas de resultados preliminares confiables y verifica el cumplimiento de la normatividad específica.
El costo anual de nuestro máximo órgano electoral es inferior en seis veces al de la refinería de Dos Bocas, y de acuerdo con cálculos ya publicados, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México ha tenido un costo equivalente al de la operación del INE desde que fue fundado. La austeridad que ahora se aplica sobre el Instituto y que se impone a sus servidores públicos pone en riesgo la operación eficaz de las elecciones y la expedición de la credencial de elector, cuyo costo es aproximadamente el 40 por ciento de los gastos operativos del Instituto.
La reforma constitucional que rechazó la Cámara de Diputados, así como el Plan B, llevan el tufo de la violencia y la destrucción presidenciales Como parte de la oleada destructiva se vulneran abiertamente derechos ciudadanos, se viola el principio de progresividad del derecho al voto de personas que residen en el extranjero y el principio de paridad de género en la postulación de candidaturas.
Falaz y torpe es el argumento según el cual, ahora sí las elecciones serán organizadas por el pueblo. Se le olvidó a la mayoría rapaz y obediente que, desde que fue creado el IFE ciudadano, las elecciones las organizamos entre todas y todos: son nuestros vecinos y vecinas quienes reciben las credenciales, vigilan la jornada y cuentan los votos.
Lo que sucedió el 15 de diciembre ha sido, en los hechos, la negación de la larga lucha ciudadana por consolidar un sistema electoral confiable. El retroceso en la materia es histórico y costoso. Esperemos que las controversias presentadas echen para abajo un adefesio legislativo que, junto con la democracia, puede destruir también nuestras libertades cívicas.
POR GINA CRUZ BLACKLEDGE
SENADORA GINA ANDREA CRUZ BLACKLEDGE
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE RELACIONES EXTERIORES AMÉRICA DEL NORTE EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA
@GINACRUZBC
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