El espaldarazo que de nueva cuenta dio el presidente López Obrador al fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por el caso Ayotzinapa, no cancela los resultados ínfimos de su gestión.
De iniciar con altas expectativas y el encarcelamiento de la exsecretaria Rosario Robles en 2019; del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, en 2020 y, finalmente, de Jesús Murillo Karam, en agosto pasado, el cierre de 2022 se orienta a que los tres, con las particularidades de cada caso, queden en libertad.
A cuatro años de gestión, ningún caso ha terminado con sentencias y de hecho, siguen en ciernes. La Fiscalía General de la República (FGR), no logra tener expedientes sólidos y por su fragilidad, puede ser propensa a la negociación como ya ha ocurrido en asuntos de alto perfil mediático como el del empresario Alonso Ancira Elizondo.
Precisamente, Emilio Lozoya comparecerá en breve para ofrecer una reparación del daño por el caso Agronitrogenados, renovando la posibilidad –por lo demás, latente desde hace meses-- de recuperar su libertad, en el peor de los escenarios, enfrentando los cargos pendientes fuera de prisión como ya lo hace Rosario Robles.
A estas alturas nadie puede dudar de las estructuras deficientes que heredó y no logra desterrar la FGR, tampoco de la incapacidad de las fiscalías y su personal para integrar casos judicializables, pero acaso un factor ha impactado el desempeño del fiscal: la premura en el armado de carpetas que pueden tener una motivación política.
La razón para considerar ese factor como uno de los posibles motivos de fracaso, es precisamente el espaldarazo del presidente López Obrador a Gertz Manero, en el que palabras más o menos, explicó que estuvo directamente involucrado en la decisión de encarcelar a Jesús Murillo Karam, dando a conocer que hubo una rebelión interna en la FGR.
Y es que, el hecho de que el presidente admita que incidió directamente en una decisión de la FGR --que formalmente es autónoma-- para precipitar una acción de alta envergadura como la detención de Murillo, parece ser signo distintivo de la 4T toda: apurar acciones sin cuidar cómo. El resultado es el que está a la vista.
El tema es de trascendencia. López Obrador cifró su oferta política y el éxito de su gobierno en erradicar la corrupción. En los hechos, el pasado es el soporte de su discurso pero es discurso sin más, pues en los crímenes del pasado no hay justicia y en los de su gobierno, no hay resquicio de voluntad para admitirlos y, muchas veces, ni siquiera indagarlos.
Quizás algo sí se le puede reconocer a López Obrador: es el hecho de que su discurso rudo, ha estigmatizado la corrupción generando una condena moral en el ánimo de una sociedad que tenía el enriquecimiento ilícito, normalizado, y hoy motiva su indignación.
Es un logro a nivel cultural inobjetable, pero no es justicia.
POR ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA
COLABORADOR HERALDO RADIO
@ARTURO_RDGZ
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