De acuerdo a lo que establece la ley, el primero de diciembre de cada año se reúne la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para determinar el incremento salarial que entrará en vigor a partir del primero de enero del 2023 con vigencia al 31 de diciembre del mismo año.
Desde 1917 quedó establecido en la Constitución que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades un padre de familia…lamentablemente el rezago del poder adquisitivo del salario es evidente. Baste señalar que la diferencia de salarios entre México y Estados Unidos, nuestro mayor socio comercial en importaciones y exportaciones, es de ocho a uno inferior el nuestro.
El juego especulativo acerca del porcentaje que se aplicará a los salarios mínimos para 2023 comenzó con la declaración del sector empresarial en voz del líder de la COPARMEX quien afirmó que se debería aplicar un 15% de incremento.
El siguiente paso fue la declaración del presidente de la república en su Cuarto Informe de Gobierno el pasado domingo 27 de noviembre, cuando afirmó; «deseo que el incremento salarial sea acordado por unanimidad entre sector obrero, empresarial y gobierno y que ronde alrededor 20%»
El tercer movimiento en el tablero de negociación, fue presentado ante la secretaria de Trabajo y Previsión Social a la Maestra Luisa María Alcalde, mediante un documento fundamentado económicamente, priorizando el bienestar de las familias trabajadoras, con la propuesta de acordar entre las partes un incremento salarial del 25%.
Dicho documento fue firmado en tiempo y forma por todos los representantes de Confederaciones y Sindicatos Nacionales representantes de los trabajadores en el país, ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Es preciso recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala en el artículo 23 del texto, “que toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será complementada en caso necesario por cualesquiera otros medios de protección social”
Me parece que las partes que intervienen en este proceso de negociación, no deben ignorar que el incremento salarial acordado para el 2022 fue del 22% considerando una inflación anualizada del 5.25%. Con este antecedente, resulta incomprensible que el sector empresarial y el gobierno estén considerando un incremento del 20% al SMG cuando la inflación anualizada para este año alcanzará el 8.5% de acuerdo a las estimaciones del Banco de México.
Lejos de posturas políticas y retórica discursiva, si lo que el gobierno quiere es, no cargar el costo de la inflación al salario de los trabajadores y de la canasta básica, deberán considerar con absoluta seriedad la propuesta, por demás responsable, fundamentada y comprometida de las organizaciones sindicales firmante de la solicitud presentada en tiempo y forma a las autoridades laborales.
Cuando el sector empresarial afirmó hace unos cuantos días que se tenía que controlar el incremento salarial para evitar que se impacte la inflación en nuestro país, me hizo recordar el discurso «neoliberal y conservador» de los últimos años, que privilegio siempre el interés de los empleadores por encima del beneficio de los trabajadores, castigando el salario de los trabajadores con topes salariales, para, como el sector empresarial afirmaba, «tener ventajas competitivas en su relación con la competencia extranjera».
Sin lugar a dudas, esta es una buena oportunidad, para seguir en la ruta de la reivindicación de los derechos de los trabajadores, tarea que ha realizado hasta ahora responsablemente el gobierno federal, para mejorar significativamente la calidad de vida de los trabajadores de México.
POR FERNANDO ALBERTO GARCÍA CUEVAS
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