La semana pasada, embajadores de la Unión Europea fueron informados que una propuesta de la comunidad para iniciar el libre comercio entre la UE y México antes de completar el proceso de ratificación de todos los países miembros estaba pendiente de aprobación a reserva de que se terminara el proceso de cambios en la Secretaría de Economía (SE).
Al margen de las secuelas, positivas o negativas que pueda tener la propuesta, implica un cambio que podría acelerar la entrada en vigencia de un acuerdo que lleva años en desarrollo y dos años en el proceso de ratificación por miembros de la UE.
Pero en el lado mexicano, nadie está seguro del momento en que terminarán los cambios en la SE y qué implica para las negociaciones económicas internacionales de un gobierno que parece desconfiar profundamente hasta de sus propios tratos con el extranjero y enfrenta problemas de imagen respecto a temas de certidumbre legal, aun con sus socios.
Los cambios se refieren al relevo de todos los anteriores funcionarios de nivel medio-superior en la estructura que dejó la ahora exsecretaria Tatiana Clouthier y asumió Raquel Buenrostro, especialmente en el área de negociaciones internacionales.
El nuevo subsecretario para Asuntos Internacionales, Alejandro Encinas, tiene la experiencia de los acuerdos laborales en el marco del T-MEC, pero los intereses alrededor de la parte comercial del convenio son mucho mayores y más complicados.
Es el tercer cambio en el área desde que llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador al poder (Gabriela Márquez Colin, de 2018 a 2020, Clouthier de 2020 a octubre de 2022, y ahora Buenrostro), y ocurre justo cuando ellas se acercan a una importante confrontación con EU y Canadá en torno a denuncias de empresas estadounidenses sobre las reformas legales mexicanas que las ponen en desventaja en producción y comercialización de energía.
Hay la posibilidad de un grado de conversación y, por tanto, negociación política, como afirman voceros del gobierno mexicano, pero el tema no es tan simple. De hecho, aún cuando ambos países lleguen a un acuerdo faltará lo relacionado con las compensaciones que demandarán las compañías afectadas.
Y al margen de las buenas razones de política doméstica que pudieran existir, que verán los paneles cuando sean convocados, hay compromisos contraídos en el marco del Tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) y firmados por este gobierno.
Parte del problema es qué se entiende por negociación. Mientras que para las empresas extranjeras en el diálogo se trata de una cuestión de dinero, –según todas las cuentas–, para el nuevo equipo negociador mexicano puede ser algo que implique posiciones rígidas en nombre del patriotismo.
A reserva de sorpresas, esa combinación no es de principio una buena receta para el convenio.
El potencial costo para el país puede ser brutal, pero es poco probable que el actual equipo de gobierno acepte su responsabilidad.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@ELHERALDODEMEXICO.COM
@CARRENOJOSE1
MAAZ
