En la Cámara de Senadores estamos por aprobar en comisiones unidas, en estos días, la propuesta de reforma a la Ley de Salud, que promueve la prohibición de los plaguicidas altamente peligrosos como el glifosato y aquellos que perjudiquen la salud humana y los ecosistemas, al tiempo que se busca una transición hacia sustancias naturales, garantizando la eliminación ambientalmente racional de las existencias de los plaguicidas, nutrientes vegetales, sustancias tóxicas o peligrosas.
Al menos 35 países en el mundo han prohibido el uso de estas sustancias, entre ellos Canadá, Estados Unidos, Austria, Argentina, Chile y Suiza. En México, desafortunadamente aún se comercializan. Precisamente por su alta toxicidad para la salud, urge regularlos en la ley de la materia bajo estrictos controles. Una de estas calamidades ambientales es el glifosato, un componente activo del herbicida más usado en el país y que fue catalogado como probable cancerígeno por la Agencia de Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Ante la evidente peligrosidad del glifosato, al menos 17 países han emprendido acciones legislativas para prohibirlo en sus territorios, tal es el caso de Alemania, donde se aprobó que su uso quedará totalmente prohibido el 31 de diciembre de 2023.
En el caso de México, el 31 de diciembre de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador publicó un decreto dirigido a diversas dependencias de la Administración Pública Federal, buscando básicamente dos objetivos: el primero, sustituir gradualmente el uso, adquisición, distribución, promoción e importación de la sustancia química denominada glifosato y de los agroquímicos utilizados en nuestro país que lo contienen como ingrediente activo; el segundo, revocar y ordenar el deber de abstención de otorgar permisos de liberación al ambiente de semillas de maíz genéticamente modificado. El propósito de la actual iniciativa es coadyuvar con el objetivo planteado en el decreto presidencial, pues la necesidad de transitar hacia el uso de insumos agroecológicos que resulten seguros para la salud humana, la diversidad biocultural y el medio ambiente es de suma importancia. A partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta el 31 de enero de 2024, se establece un periodo de transición para lograr la sustitución de esta sustancia y de aquellas que la contienen como ingrediente activo, por alternativas sostenibles y culturalmente adecuadas.
El año pasado tuve a bien promover una ley apícola nacional y he insistido en la importancia de establecer medidas de protección mayormente efectivas que regulen y prohíban las amenazas que ponen en riesgo a las abejas y su entorno, tales como el uso de pesticidas o plaguicidas, los cuales resultan letales para las abejas y reducen dramáticamente su capacidad de polinización.
Como ambientalista que soy, evidentemente acompaño en sus términos el contenido del Dictamen discutido, porque en lo medular busca restringir y prohibir el uso de plaguicidas que resultan muy nocivos para el medio ambiente y para la salud humana, además de que garantiza de mejor manera derechos fundamentales como una alimentación adecuada, agua salubre, un medio ambiente sano y la salud de la población en general. Hago un respetuoso exhorto a mis compañeros legisladores a no dilatar más su aprobación.
POR MARÍA MERCED GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SENADORA DE MORENA POR EL ESTADO DE HIDALGO
@MARIAMERCEDG
MBL
