Esta semana se habló sobre la posibilidad de que el gobierno federal y Morena revivan la iniciativa de reforma a la industria eléctrica desde la Cámara de Diputados, y trascendió que integrantes de la alianza mayoritaria se reunieron con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en un encuentro en el que se dijo que se buscará la construcción de consensos para impulsar no sólo la reforma eléctrica, sino también la electoral.
Se trata de un tema no menor, en abril cuando el oficialismo presentó sin mayores modificaciones la propuesta del Ejecutivo, pese a las implicaciones locales e internacionales, además de lo expuesto en los parlamentos abiertos, donde voces especializadas de la sociedad civil argumentaron fallas sistémicas en sus apartados, la alianza opositora echó abajo la iniciativa, desarrollando un incipiente mecanismo de contrapesos políticos, previos al proceso electoral de 2024.
No obstante, en un giro de tuerca político, hace apenas unos días, el grupo oficialista, con la participación de legisladores de oposición, aprobó la extensión del periodo de participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, rompiendo con ello no sólo la moratoria constitucional planeada por la oposición, sino la alianza misma.
Ante estas transiciones en la correlación de fuerzas, vale la pena cuestionarse dos puntos principales que considero importantes.
El primero va relacionado con la necesidad de querer revivir la iniciativa de reforma a la industria eléctrica.
Cuando ésta ya pasó como ley general y ya fue validada en la Corte, pareciera más bien que se trata de replicar la operación que se puso en marcha, pero en el Senado de la República, un ardid del secretario López Hernández, en búsqueda de sumar a su capital político y llamar la atención de la Presidencia de la República, en una contienda a la candidatura presidencial ya muy obvia y cada vez más discutible, dado el descuido en las operaciones institucionales diarias que se han presentado recientemente.
En segundo lugar, representaría un riesgo muy alto en política exterior y comercial, el posible aceleramiento de un proceso para revivir una legislación que atenta en contra de lo acordado en tratados internacionales, específicamente el T-MEC.
Es patear la puerta para que las diferencias que se habían venido trabajando mediante mecanismos diplomáticos y económicos se conviertan ahora en verdaderas disputas en paneles comerciales y tribunales internacionales, con sanciones brutales para la economía mexicana.
Considero que, lo que se pretende con esta transición de fuerzas legislativas apunta más hacia la posibilidad de facilitar una eventual reforma electoral, aprovechando el impasse político que genera la alianza oficialista en un escenario preelectoral cada vez más definitorio y una actividad legislativa cada vez más resonante.
POR AZUL ETCHEVERRY
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