En el Congreso de la Unión hemos sido testigos de un gran número de atropellos causados por las imposiciones arbitrarias del oficialismo, desde donde, haciendo uso de su mayoría, han avasallado a la oposición e impuesto sus decisiones, con lo que incluso han incurrido en diversas violaciones tanto a tratados internacionales signados por México, como a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
El titular del Ejecutivo en diversas ocasiones ha ignorado al Poder Legislativo, violentado la Constitución de nuestro país, al tratar de imponer su agenda ideológica a base de Decretazos, lo que ha originado la presentación de diversas controversias constitucionales ante acciones autoritarias; como por ejemplo, en el caso del decreto que interpreta el alcance del concepto de Propaganda Gubernamental contenido en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley Federal de Revocación de Mandato, para que las expresiones de servidores públicos sobre la consulta no sean consideradas propaganda gubernamental; así como en materia de reformas energéticas, entre otras.
También, recordemos que el presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 transgredió el principio de progresividad, mismo que fue incorporado en el artículo 1 constitucional en la reforma de 2011; ya que no solo no aumentó sino que recortó recursos a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los y las mexicanas; todo con el único propósito de seguir destinando recursos a las obras faraónicas ineficientes de esta administración.
Ante estas acciones, las y los legisladores de Acción Nacional en el Senado y de la Cámara de Diputados, trabajamos en coordinación para poner en evidencia y combatir los errores que se cometen al legislar y, de manera conjunta, hemos presentado acciones de inconstitucionalidad para que la SCJN preserve la supremacía de la Carta Magna y deje sin efecto las normas que estén en contradicción con la Constitución y/o alguna norma o disposición de carácter general de menor jerarquía.
El ejecutivo debe entender que vive en una democracia y que no puede estar gobernando por decretazos u ocurrencias legislativas. Debe considerar que, en un sistema presidencialista como el de nuestro país, existen tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial; y que se debe respetar el ámbito de competencia de cada uno de ellos.
Por ello, las bancadas de Acción Nacional en el Congreso de la Unión refrendamos nuestro compromiso de permancer unidas en un solo bloque opositor, ante las acciones regresivas del gobierno; impulsando las verdaderas causas que las y los mexicanos requieren para alcanzar una mejor calidad de vida.
Nos centraremos en fortalecer la economía, la seguridad pública y la salud; para lo cual hemos de impulsar un rediseño de la estrategia de seguridad pública, que fortalezca la tranquilidad de los ciudadanos, con metas y objetivos cuantificables de reducción de la incidencia de delitos violentos en el país. También propondremos reformar la Ley General de Salud, para garantizar un presupuesto mínimo en términos de porcentaje del PIB; así como crear los ordenamientos jurídicos que den certeza para impulsar la economía nacional.
Las y los legisladores de Acción Nacional hemos de enfrentar con convicción y valor, un año legislativo difícil y complejo, en el que afrontaremos el peor de los autoritarismos; desesperado y soberbio.
Como ya lo hicimos con la reforma eléctrica y la militarización, combatiremos la reforma electoral del ejecutivo con los mejores argumentos y luchando por la autonomía y fortaleza de las instituciones electorales.
A los miembros de Acción Nacional que integramos el poder legislativo no van a doblarnos. Continuaremos unidos y fuertes luchando por las causas ciudadanas y preservando el orden jurídico.
DIP. JORGE ROMERO HERRERA
COORDINADOR DEL GPPAN
MAAZ