A finales del sexenio de López Obrador, la población mexicana mostraba dos exigencias fundamentales de acuerdo con una encuesta publicada por el Diario El Financiero el 2 de septiembre de 2024.
La primera es la calificación que la población le otorgaba al gobierno del expresidente en materia de corrupción que mostraba que en agosto del año pasado el 59% la calificaba como Muy mal y mal. En tanto, la calificación otorgada a la estrategia de seguridad pública alcanzó niveles inimaginables; en enero de 2023 registró que el 71% de la población la calificaba también como Muy Mal y mal.
Esta encuesta revela que la inseguridad pública es el principal problema que tiene nuestra nación.
Ahora bien, ante un cambio de administración pública federal, ¿cómo percibe la población la inseguridad en México?
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) a cargo del INEGI, publicada recientemente el pasado 23 de enero de este 2025, la percepción de la inseguridad de las y los mexicanos de 18 años y más, subió en un 61.7% a diciembre de 2024, es decir, con registros que abarcan ya tres meses de la presente administración federal.
De acuerdo con la metodología utilizada por el INEGI, estos registros están captados en las principales ciudades de las 32 entidades federativas del país que suman en total 91 áreas urbanas.
De las ciudades donde la población percibe mayor inseguridad encabezan la lista: Villahermosa, Tabasco con 95.3%; este dato es por demás lamentable, ya que, de cada 100 personas, 95, se sienten inseguras. Le sigue en la lista la ciudad de Uruapan, Michoacán, con 92.5%; Fresnillo, Zacatecas con 90.9%; Culiacán, Sinaloa con 90.6%, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, Chiapas con 90.6%, entre varias más.
Del lado contrario muy pocas ciudades tuvieron los menores porcentajes respecto a la percepción de inseguridad: San Pedro Garza García, Nuevo León (14%); Piedras Negras, Coahuila (18.7%); Benito Juárez, ciudad de México (20.7%), y Saltillo, Coahuila (23%).
Para el caso de particular de Baja California Sur, desde que Morena llegó al poder, se ha observado un notable incremento en los índices de criminalidad. Así, en 2023 se reportaron 27 homicidios dolosos, lo que representa un incremento en comparación con años anteriores.
Asimismo, de acuerdo con la Encuesta de Victimización y Percepción sobre la Seguridad (ENVIPE) 2024, la tasa de víctimas por cada 100 mil habitantes en esta entidad fue de 19,330 hombres por 23,818 mujeres.
Ante estos registros los datos más lapidarios se concentran en la expectativa social sobre la seguridad pública referidas en la ENSU. Así, la población manifestó, en un 30.9% que, durante los próximos 12 meses, la situación de la delincuencia y la inseguridad “seguirá igual de mal”, en tanto que el 21.5% de la ciudadanía manifestó que la situación “empeorará” en los próximos 12 meses. Es decir, más de la mitad de la población no percibe mejoras en la estrategia de seguridad en al menos los próximos 12 meses.
Ante estos terribles registros queda claro que el Estado mexicano no está cumpliendo con su obligación constitucional de garantizar la seguridad y la protección de diversos derechos fundamentales de la población mexicana, a pesar de que éstos constituyen los elementos más importantes que garantizan la estabilidad, seguridad y la paz social de cualquier nación.
Es hora de que el gobierno escuche a la oposición; de que tome en cuenta sus propuestas y estrategias planteadas para acabar con este cáncer que gangrena a la sociedad. Es tiempo de que el gobierno atienda las demandas de la población incluida, por supuesto, la terrible situación de inseguridad y violencia que vive el país.
México no puede irse al abismo y acabar con lo más importante que tiene: su población.
POR SUSANA ZATARAIN
SENADORA POR EL PAN
PAL
