Ante la amenaza de López Obrador de investigar al juez Francisco Javier Rebolledo por la suspensión provisional otorgada para que la SEP no implemente el nuevo plan de estudios en algunas escuelas públicas del país, queda de manifiesto —una vez más— su desprecio a la ley y a la división de poderes. No se diga la falta de atención a las resoluciones judiciales federales, acompañada también, del silencio omnímodo al respecto de Arturo Zaldívar, máximo representante del poder judicial.
Se sabe que cada vez que un juez refuta la voluntad del presidente, este arremete en contra, cuestionando la independencia y honorabilidad del magistrado en cuestión. Cuando callan ante su voluntad, dice que el sistema funciona adecuadamente. La presión que ha ejercido recientemente en contra del poder judicial solo patentiza su incapacidad (y la de su equipo de trabajo) de dar razonamientos y argumentos sólidos para presentar y explicar el nuevo modelo educativo.
Pareciera que, por medio de amagos y amenazas, la Cuarta Transformación busca defender ocurrencias y anacronismos. Así, más allá de que actores de la comunidad educativa le ofrezcan verdades, razones y certezas, si él considera que van en contra de sus deseos y órdenes, hará todo por combatirlas, sin ni siquiera intentar escuchar o entender opiniones contrarias y justificadas preocupaciones.
¿De qué se trata el nuevo Modelo Educativo? En teoría parte de una reforma profunda que busca dejar atrás el aprendizaje homogéneo, establecer la vinculación del aprendizaje con la comunidad y desaparecer formalmente ciertas materias escolares. Pero lo cierto es que desdeña las evaluaciones estandarizadas, carece de lineamientos claros sobre las atribuciones de la SEP y de autoridades estatales, así como de procedimientos para aplicar los cambios y sustentar evidencias (de mejora o en cualquier otro sentido).
Iniciaría a finales de octubre con una prueba piloto en el 0.4% de las escuelas de educación básica en el país, sin especificar fecha de terminación, ni definir el proceso de implementación de los planes de estudio generales posterior al pilotaje.
Tal vez la cuestión más criticada por diversos expertos sea la desaparición formal de materias escolares, especialmente las matemáticas (se excluye su aprendizaje formal, si bien se incluyen herramientas de solución de problemáticas).
Las dudas sobre el nuevo plan hacen temer por las siguientes generaciones y, de forma inmediata, las escuelas piloto generarán una suerte de disparidad con el resto de los centros escolares. Pareciera que a los creadores del nuevo modelo educativo únicamente les interesa el cambio sin tener claro cómo se desarrollará ni de qué forma se analizarán sus índices de éxito. Queda la intención del cambio, impregnado de una ideología marchita para el mundo en el que vivimos.
Ante lo cual, ¿por qué es tan difícil de comprender que los ciudadanos pueden ampararse ante algo con tantas dudas e interrogantes?, ¿por qué el presidente no desea respetar este derecho?
México sufre desigualdad, problemas estructurales educativos que se han profundizado con la pandemia, así como niveles de abandono escolar, pérdida de aprendizaje y problemas socioemocionales sin precedentes. El nuevo modelo de aprendizaje no muestra cómo contribuirá a mitigar todo lo anterior. Antes bien, como se plantea, alerta a la agudización de los problemas antes expuestos.
El amago por parte de López Obrador al juez muestra la veta autoritaria del hoy gobernante; una que va en contra de la posibilidad de defensa de millones de estudiantes que no tienen ni voz ni voto para velar por su derecho constitucional y humano a una educación de calidad.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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