El Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía, son las obras insignia de la actual administración, pero su deficiente planeación financiera y técnica amenaza con convertirlas en un desastre operativo y un lastre para las finanzas públicas de México.
Tren Maya. Al arranque del gobierno, en diciembre de 2018, la inversión era de 120 mil mdp. Para 2019, pasó a 150 mil mdp y desde 2020 se estima que costará 180 mil mdp. Esto representa un sobrecosto de 50 por ciento arriba de lo originalmente planeado.
Aeropuerto Felipe Ángeles. Se construye sobre el Lago Xaltocan y también ha presentado sobrecostos importantes. En 2015, el entonces aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador, presentó como propuesta la construcción de un aeropuerto en la Base Aérea de Santa Lucía en sustitución del aeropuerto de Texcoco que impulsaba el presidente Enrique Peña Nieto.
El costo presentado para la alternativa de aeropuerto se estimó en 57 mil mdp y fue subiendo a 60 mil mdp. Después de una consulta amañada para “aprobar” su construcción, se tuvieron que hacer ajustes por el Cerro de Paula que no se había visualizado en el proyecto. Para 2019, se calculaba que la obra insignia del Presidente costaría alrededor de 78 mil mdp.
A pesar de que el mandatario en fechas recientes ha dicho que el costo del proyecto es de 75 mil mdp, la Secretaría de Hacienda ya reconoce que la obra costará 85 mil mdp; lo que representa un sobrecosto de 28 mil mdp que equivalen a 49 por ciento de la estimación original.
Los montos mencionados no incluyen las obras de conectividad entre la Ciudad de México y el aeropuerto. Incluso, se prevé hacer un acto simbólico de inauguración en marzo de 2022, pero a 60 días de esa fecha no se han iniciado obras para llegar al aeropuerto.
Refinería Dos Bocas. No ha estado ajena a la polémica, primero por su pertinencia en un contexto de desinversión global en la industria de la refinación; segundo, por su construcción violatoria a la Ley General de Vida Silvestre, al devastar 300 hectáreas de manglares, el mayor daño ocasionado por un proyecto en al menos 15 años; y tercero, por su ubicación alejada de centros de consumo.
La refinería se anunció en 2018 con un costo de seis mil millones de dólares equivalentes a 115 mil mdp; para 2019 alcanzó ocho mil millones de dólares y en 2020, ocho mil 900 millones de dólares.
Al inicio de 2022 una investigación de Bloomberg señala que el monto ya se estima en 12 mil 500 millones de dólares, esto representaría un sobrecosto de 108 por ciento, calculado en dólares. Si se hace en moneda nacional alcanza un sobrecosto de 138 mil mdp, 120 por ciento arriba de la cifra original.
¿Quién paga los sobrecostos? Los proyectos del Presidente los pagamos los mexicanos a través del dinero público que él tiene bajo su responsabilidad. Entre sobrecostos y manutención de programas clientelares para asegurar el voto de las personas más pobres, el mandatario ha endeudado al país en 2.7 billones de pesos y en 2022 pretende aumentar la deuda en casi un billón más.
Las decisiones presidenciales también generan otro tipo de costos para los ciudadanos. En el caso del aeropuerto; los mexicanos tenemos que pagar más por tres razones. La primera, por la cancelación del aeropuerto de Texcoco que costó 331 mil mdp; la segunda, por los 84 mil millones del aeropuerto de Santa Lucía y la tercera, por el costo de traslado para llegar a dicha terminal, que es más del cuádruple que llegar al actual aeropuerto de l a Ciudad de México.
En suma, los proyectos insignia del Presidente, el tren, el aeropuerto y la refinería, originalmente se proyectaron para costar 292 mil mdp, hoy ya se estiman en 518 mil millones; lo que representa un sobrecosto de 226 mil millones que equivalen a 77 por ciento de la cifra original.
Con ese nivel de inversión se pudo transformar al sur del país. Alcanzaría para modernizar casi todas las carreteras de Oaxaca, Chiapas y Guerrero; remodelar una escuela en cada uno de los municipios de estos estados, llevar cobertura de agua potable a las zonas más atrasadas y brindar a todas las familias conectividad de banda ancha.
Suponiendo que se concluyan, las tres obras más relevantes de este sexenio no mejorarán sustancialmente la calidad de vida en el país. Las decisiones las está tomando el Presidente, pero los costos los pagamos todos los mexicanos.
POR FAUSTO BARAJAS CUMMINGS
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
@FAUSTOBARAJAS
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