El derecho penal es el más violento del mundo jurídico, al establecer penas y medidas de seguridad.
A través de él, una persona puede ser desprendida de la sociedad y ser encerrada por un tiempo o de por vida. Por eso debe ser siempre la ultima ratio legis, es decir, “última razón del derecho”, cuando todo lo demás resulte insuficiente.
En su origen, el derecho penal equilibró la facultad punitiva del Estado con los gobernados, para evitar abusos. Penas como la prisión debieran estar reservadas a conductas extraordinarias y de la mayor gravedad en la lesión inferida a la sociedad.
Al paso del tiempo, las constituciones del mundo pusieron frenos al libertinaje sancionador que hizo del Derecho penal un arma en vendettas políticas. Sin embargo, hubo excepciones en los que la propia constitución amplió y justificó el empleo del derecho penal como forma de control y amenaza, a grados de que la “última razón del derecho” se torne en la primera y única opción.
Sin embargo, no es la única disfunción peligrosa. A la par del uso indiscriminado del Derecho penal, se suma la clasificación a modo de ciertos bienes jurídicos tutelados que surgen de la agenda política partidista de coyuntura.
Y peor: se equiparán las conductas más atroces, homicidio, violación o secuestro, con las que de dicha agenda político partidista ha logrado plasmar en la Constitución.
En la historia del combate a la delincuencia y el mejoramiento de los sistemas de justicia penal, surgió la necesidad de establecer mecanismos especiales para quienes desafían al Estado y a la sociedad por la crueldad empleada al quebrantar la ley.
Así nace el concepto de delincuencia organizada y los mecanismos para castigar a grupos de tres o más personas que de manera permanente realizan delitos de máxima gravedad.
“Se trata de terroristas, criminales, traficantes de drogas, tratantes de personas y otros grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil”, refiere Kofi Atta Annan, en el prefacio a la publicación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional, en el año 2000.
Aceptar que el derecho penal se torne regla y no excepción, que el equilibrio constitucional se pierda al “penalizar la Constitución” y no “constitucionalizar el Derecho penal”, tratar como “delincuente organizado” a quien atente contra los bienes jurídicos creados por criterios político-partidistas, sería admitir que estamos en un peligroso retroceso.
México debe mostrar que no vive una etapa regresiva —y represiva— en la aplicación de la ley. Que aspira a ser un país que opta por política social y no por el derecho penal y que así lo demuestra en los hechos. Urge, pues, dotar de un matiz constitucional a nuestro derecho penal y no hacer de la Carta Magna una extensión del Código Penal.
Concebir un sistema de justicia eficaz para todos y no a la medida del poder en turno.
Procesos que permitan apreciar la diferencia entre un delincuente organizado y un infractor.
¿Alguien se opone?
POR MANELICH CASTILLA
COLABORADOR
@MANELICHCC
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