El gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró el domingo que de ninguna forma sus más recientes acciones pueden ser vistas como las de un subordinado del expresidente Donald Trump.
Después de todo, dijo Abbott, la idea de hacer una auditoría de la votación de las elecciones de noviembre de 2020, en Texas, es una simple determinación de examinar el proceso.
Pero hay una creciente preocupación de que el debate sobre los comicios de 2020 sea sólo el anuncio de una crisis mayor.
Trump ganó la votación en Texas con una cómoda ventaja de seis puntos, sin embargo, perdió importantes zonas urbanas, como reflejo de una tendencia generalizada en el país.
Para sorpresa de nadie, las auditorías ordenadas en ese estado corresponden a condados donde los demócratas tuvieron resultados altos, como Dallas, Harris (que incluye Houston) y Tarrant, con sede en Fort Worth, o el de Collin.
Que ese interés por auditar procedimientos de gobierno, y en especial electorales, cumpla el mismo propósito de adelantar teorías conspirativas que en otros estados o condados controlados por republicanos y donde los gobiernos locales enfrentan la presión de grupos estimulados por Trump, no es coincidencia.
Abbott, como otros, quiere reelegirse el próximo año. Tanto, que a la fecha no hay propuesta de derecha que le parezca incorrecta o indigna, excepto la de reemplazarlo por alguien más a su "derecha".
Para los republicanos, sin embargo, eso implica cuidar sus relaciones con Trump y sus aliados, como hace Abbott al apoyar medidas que van de una muy considerable restricción al aborto a una propia política antiimigratoria, que incluye su propia barrera fronteriza, como el uso de agentes de Policía y de la Guardia Nacional estatales.
Y no es accidental que esos sean precisamente los temas que favorecen a Trump y se espera usen los republicanos en las campañas para las elecciones legislativas el próximo año, y en las presidenciales de 2024.
Las demandas por "auditorías" de las elecciones de 2020 son parte importante del mito cultivado por Trump y sus aliados de que su derrota fue en realidad un golpe de Estado. Los pedidos de revisión son una forma de buscar datos que justifiquen sus argumentos. Algunos ven un plan que resultará en el debilitamiento de la confianza en las instituciones y tal vez una crisis constitucional en 2024.
"Las salvaguardas que aseguraron que (Trump) dejará el cargo en enero pasado, después de perder las elecciones presidenciales, pueden estar desmoronándose", dijo Rick Hasen, profesor de derecho en la Universidad de California (Irving).
El problema, dice el historiador Robert Kagan, es que Estados Unidos "se encamina hacia su mayor crisis política y constitucional desde la Guerra Civil", con una posibilidad razonable de incidentes de violencia masiva, un colapso de la autoridad federal y la división del país de enclaves azules (demócratas) y rojos (republicanos) en guerra.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS.
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